La familia de la arrollada en el vertedero reclama 324.958 euros

La demanda de reclamación patrimonial fue presentada por la abogada que representa al viudo y a los doce hijos de la víctima a principios del pasado mes de enero, es decir, apenas dos meses después de que se produjera el accidente. Hay que recordar que Joaquina falleció en la mañana del 30 de octubre en las instalaciones del vertedero municipal de Jaén, ubicado en la carretera de Fuerte del Rey. La mujer, de 55 años, había acudido al basurero para ganarse unos euros recogiendo chatarra. Era algo que hacía prácticamente a diario. Aquella mañana, Joaquina estaba acompañada de varios de sus hijos y otros parientes. Alrededor de las nueve y cinco, el conductor de una máquina compactadora la arrolló por accidente. La mujer murió prácticamente en el acto. Cuando los parientes de la víctima se percataron de lo que había ocurrido, se abalanzaron sobre el maquinista. Presuntamente, José y Antonio M. F., dos de los hijos de la fallecida, le propinaron una brutal paliza, tras bajarlo de la cabina y arrojarlo al suelo. La agresión fue grabada por varios trabajadores del vertedero con un teléfono móvil.
A grandes rasgos, eso fue lo que ocurrió en la mañana del 30 de octubre. El juez instructor, Fernando Moral, aplicó la lógica y dividió la causa en dos: De un lado, el atropello mortal y, por otra parte, la posterior paliza. El magistrado tardó muy poco tiempo en archivar la primera causa, la que hacía referencia a la muerte de Joaquina. Concluyó que no había indicios de delito y que el fallecimiento de la chatarrera se debió a un accidente.
Inmediatamente, se abrió la vía de responsabilidad patrimonial de la Administración. Es decir, el siniestro se produjo en una instalación de titularidad municipal. De ahí que sea el Ayuntamiento el que deba responder, a través de su aseguradora, de cualquier contingencia que se produzca. La familia de Joaquina estima que se produjo un deficiente funcionamiento del servicio público. Fuentes judiciales cercanas al caso confirman que no había suficientes medidas de seguridad en el recinto del basurero. Es más, explican en la demanda que nadie impedía la entrada a las personas que recogían la chatarra, a pesar de que el acceso al recinto estaba restringido a los trabajadores: “Entre los chatarreros y los empleados habían una relación cuasi-amistosa”, se relata en el escrito presentado en el Ayuntamiento. Por ello, el viudo y los doce hijos de Joaquina reclaman a la Administración municipal una indemnización de 324.958 euros. El Consistorio tramita ahora el expediente. Tiene seis meses para resolverlo. Si no contesta, rechaza la petición u ofrece una compensación más baja, la familia siempre podrá acudir a los tribunales contenciosos.