Liberados del estigma del fraude

Un delito contra la propiedad industrial, por la supuesta falsificación de los patucos que se emplean en la campaña de aceituna para proteger el calzado del barro, manchó sus nombres y el de sus empresas. Cuando se cumplen 2 años de las imputaciones, José Vacas se torna portavoz de los 6 empresarios para decir muy alto que la causa está archivada.

16 abr 2014 / 22:00 H.


Fue el 18 de abril de hace justamente dos años. Llegaron impecables, con su uniforme de la Guardia Civil y tocados con su tricornio. Le requisaron la mercancía —530 pares de los patucos que utilizan los olivareros para proteger su calzado cuando sobrevienen días de lluvia— y se lo llevaron al cuartelillo. “El peor trago es cuando te leen tus derechos. Ahí se te acaba la sonrisa”, cuenta el empresario José Vacas. El torrecampeño es una de las seis personas que fueron detenidas aquel 18 de abril de 2012 en el marco de una operación de la Guardia Civil contra la propiedad intelectual con la que, supuestamente, se descubría un fraude que superaba los 400.000 euros y en el que se incautaron 4.000 de estas prendas textiles. Junto a él, fueron arrestados otros tres pequeños empresarios de Torredelcampo, uno de Torredonjimeno y un sexto de Villanueva del Arzobispo.
El equipo de Policía Judicial del Cuerpo en Baeza puso en marcha la operación tras detectar que estos patucos, que, supuestamente eran una falsificación de un artículo protegido por una patente de diseño industrial y reconocido en ferias de muestras tan prestigiosas como las de Ginebra o Bilbao, estaban puestos a la venta en diferentes comercios, ferreterías y gasolineras de la provincia. Sin embargo, más de un año y medio después de aquellas detenciones, el pasado 18 de noviembre, el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. En el auto, al que tuvo acceso este periódico, se reconoce que los hechos investigados eran constitutivos de una infracción penal contra la propiedad industrial, pero se subraya que para que sea delito “requiere que para su comisión se tenga conocimiento del registro previo de un producto” y, en este caso: “No ha quedado acreditado, en modo alguno, este conocimiento. Se manifiesta por el denunciante que, después de conocer la venta de estos patucos, se dirigieron a las empresas que los fabricaban haciéndoles saber que se trataba de un producto patentado y algunos dejaron de elaborarlos a partir de entonces y otras, incluso, señalaron que se trataba de modelos distintos al registrado y así lo hicieron constar”. Ante esta situación, se requirió al demandante que aportara las notificaciones que, supuestamente, había remitido a los seis imputados comunicándoles que los patucos estaban registrados, con un modelo y una marca concretos. Pero no las entregó, por lo que —continúa el auto judicial—: “Ello redunda en las dudas sobre el conocimiento previo del referido registro”.
Pero ¿cómo han vivido los imputados todo el proceso? “Con pérdidas económicas”, resume José Vacas, que cifra en unos 8.000 euros el dinero que ha perdido por no poder vender estas prendas durante las dos últimas campañas de recogida de aceituna. “Hace dos años hubo poca cosecha”, admite, pero agrega: “Este ha sido muy buena”. A 3 euros estima que podría haber vendido “entre 30.000 y 40.000 unidades”. Pero no solo ha perdido esos ingresos, también numerosos clientes. “¡Han sido dos años de actividad parada!”, exclama, y razona: “Ahora, hay que comenzar de cero con el agravante de que ha habido un antecedente judicial que ha generado una mala imagen y todo por algo que, en realidad, no has hecho”. Es más —explica el torrecampeño—, antes de fabricar los patucos en su empresa, “Confecciones Vacas”, en 2003, el torrecampeño encargó una investigación a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y asegura: “Nos dijeron que podíamos seguir”. Si no fuera suficiente, su indignación llega al límite cuando cuenta: “Hubo un olvido por parte del secretario del Juzgado y nos hemos enterado de casualidad que la causa se ha archivado”. Fue el 20 de marzo cuando se lo notificaron oficialmente.