¿Irregularidades en las piscinas?

Los usuarios de las piscinas cubiertas municipales que acuden para realizar sus ejercicios de rehabilitación, recomendados por su médico, ya no saben cómo quejarse ante la supresión del bono del que se benefician. Mientras, la ordenanza del 4 de febrero de 2014 sigue vigente y, tal como publica el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en las tasas se contempla el abono de 10 baños para rehabilitación y opositores. Pero, ¿hasta qué punto es legal una modificación de la normativa sin un acuerdo ni un escrito que lo contemple?

Desde finales del pasado mes de septiembre, como ya publicó este periódico, los empleados de las instalaciones deportivas comunicaron a los usuarios con el carné de rehabilitación la imposición acordada desde el Patronato de Deportes. Sin embargo, tal y como ya advirtieron algunos ciudadanos, la medida era un tanto dudosa debido a la manera en que se acordaba. Ahora, con unas semanas de supresión del bono, el grupo Jaén en Común (JeC) exige al Ayuntamiento que investigue “posibles cobros indebidos” en la piscina de Las Fuentezuelas. “Esto se debe a las quejas recibidas por varios usuarios”, expresa el partido. Asimismo, JeC insta al Gobierno municipal a que se investigue si por parte del personal municipal y siguiendo instrucciones del Patronato, se eliminó de facto el abono de diez baños para rehabilitación a 16 euros al pasar su precio a 32. De hecho, JeC recuerda que en ningún momento se modificó la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el uso y la prestación de servicios en instalaciones deportivas. “De esta forma, se estaría cometiendo una grave irregularidad promovida por el propio Ayuntamiento”, informa la agrupación.

Además, el portavoz de JeC, Manuel Montejo, señala que en la reunión del Consejo Rector del Patronato de Deportes, celebrada el 22 de septiembre, su partido preguntó al respecto a la presidenta, la concejal Rosario Morales de Coca. “Nos confirmó que se iba a eliminar esta cuota reducida en base a un escrito recibido de la Delegación de Salud en el que indicaba que la rehabilitación no es un tratamiento, sino una simple recomendación. Además, informaba de que se iba a producir una modificación de la ordenanza”, dice.

Sin embargo, JeC presentó un ruego en el pasado pleno municipal para sugerir a Morales de Coca que “reconsiderara” su decisión. “Son muchas las personas que se benefician del uso de esta piscina, por lo que esta medida obedece a razones puramente económicas, ya que es en la piscina donde se prescribe una actividad física que ofrece el Ayuntamiento y no un servicio de rehabilitación”, subraya Montejo. En este sentido, JeC pide que se investiguen estos “posibles cobros indebidos”. “De ser así, deben tomarse las medidas pertinentes para evitar que se produzcan, con la restitución de las cantidades cobradas en exceso a los usuarios perjudicados”.

justificación. En un comunicado, la concejal de Deportes volvió a argumentar la retirada de los carnés por el escrito recibido de la Delegación de Salud. Así, indica que la Junta argumenta que el documento P10, que es el que se acredita para obtener el carné, no tiene validez pues las actividades acuáticas no se califican como tratamiento terapéutico. Por lo tanto, ese documento de prescripción deja de ser válido”, explica. Sin embargo, tal y como indicó la delegada de Salud, Teresa Vega, en septiembre, el descuento no es competencia de la Junta, sino del Ayuntamiento, como se hace en otros municipios.