Indicios de la usurpación de un bien en la cantera de La Imora

La fiscal responsable de Medio Ambiente y Urbanismo, Isabel Uceda Carrascosa, remite al Juzgado número 3 de Jaén la denuncia de Ecologistas en Acción contra la cantera de La Imora, interpuesta el pasado 26 de abril. Con este decreto, el Ministerio Público une las acciones interpuestas por la organización ciudadana. Los hechos descritos, según los ecologistas son, indiciariamente, constitutivos de delitos de desobediencia, usurpación y contra el medio ambiente y los recursos naturales. Este mismo juzgado ya investiga la denuncia contra la actividad en la explotación minera de la Fuente de la Peña. “Es importante traer a la memoria que las dos canteras son objeto de un posible daño, con los mismos responsables y, en ambos casos, en terrenos de dominio público”, sostienen.

Los denunciantes sostienen que una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, fechada el 4 de julio de 1983, desestimaba ya los recursos interpuestos por sus explotadores o sus concesionarios, contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento, de fecha 26 de diciembre de 1978 donde se denunciaba la prórroga de la explotación de ambas canteras. Ecologistas en Acción exige se tomen medidas cautelares de paralización las dos canteras y se investigue y sancione a sus responsables por el daño al medio ambiente y patrimonial y asimismo se les exija la recuperación ambiental. En esta línea, exigen que se restablezca todo el patrimonio dañado, de acuerdo al punto tercero del artículo 45 de la Constitución Española. La fiscal Isabel Uceda Carrascosa, en los antecedentes de hecho de su auto, recuerda que la cantera de La Imora ocupa unos terrenos de titularidad municipal, a pesar de que están prohibidas las actividades extractivas y los vertederos. Además, recuerda que la mina afecta a la “Cañada Real de Torredelcampo” y que, además, a unos 170 metros del frente norte de la explotación hay un Bien de Interés Cultural, sin que se haya autorizado por parte de la Junta la actividad en esta zona. La Fiscalía recuerda que la denuncia de Ecologistas en Acción también alude a la existencia de una gran cantidad de escombros y residuos de construcción y demolición que ocupan una superficie de 11.000 metros cuadrados. Al respecto, también hace constar que el Ayuntamiento, el pasado 31 de diciembre de 2017, daba por cesado el contrato de cesión de los terrenos de las dos canteras, sin que esta resolución haya sido respetada por la empresa explotadora, al menos, en el caso del yacimiento de La Imora, en la Carretera de Córdoba.