Indemnización para la familia de la rebuscadora que murió en el vertedero

El viudo y los doce hijos de Joaquina Fajardo, la mujer que murió arrollada por una máquina mientras rebuscaba basura en el vertedero municipal, recibirán un indemnización de 116.000 euros por el trágico accidente. Un dinero que tendrá que pagar la empresa FCC, la que gestiona la instalación.

Así lo ha decidido el magistrado Humberto Herrera, del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Jaén, que ha estimado la demanda de reclamación patrimonial interpuesta por la familia. Su señoría entiende que en el accidente se produjo una concurrencia de culpas. Es decir, la responsabilidad principal fue de la propia víctima, que tuvo una actitud “sumamente imprudente”: “Se encontraba en un espacio cuyo acceso está prohibido (...); pero es que, además, se situó en el camino de la máquina compactadora, creando una situación de peligro para su integridad”. Sin embargo, el juez también entiende que la empresa FCC tuvo su parte de responsabilidad porque “consentía” que los rebuscadores entraran al vertedero, con el “riesgo” que ello generaba. Esa concurrencia de culpas hace que la indemnización sea de 116.000 euros, muy lejos de los 322.000 que, inicialmente, había pedido la familia.

Hay que recordar que Joaquina Fajardo falleció en la mañana del 30 de octubre, en las instalaciones del vertedero municipal de Jaén, ubicado en la carretera de Fuerte del Rey. La mujer, de 55 años, había acudido al basurero para ganarse unos euros recogiendo chatarra. Era algo que hacía prácticamente a diario. Aquella mañana, Joaquina estaba acompañada de varios de sus hijos y de otros parientes. Alrededor de las nueve y cinco de la mañana, el conductor de una máquina compactadora la arrolló por accidente. La mujer murió prácticamente en el acto. Cuando los parientes de la víctima se percataron de lo ocurrido, se abalanzaron sobre el maquinista y le propinaron una brutal paliza, tras bajarlo de la cabina y arrojarlo al suelo. La agresión fue grabada en móvil por varios de los trabajadores del vertedero. Los autores fueron condenados a 15 meses de prisión por un delito de lesiones.

Paradójicamente, la declaración de este empleado ha sido fundamental para que el juez estime la demanda de la familia y les otorgue la indemnización. Y es que los familiares mantenían en su demanda que la empresa FCC consentía la presencia de los rebuscadores en el vertedero. Es más, aseguraban que había relación “personal y directa” con los operarios que les llegaban a acercar los trozos de chatarra más grandes y que, incluso, desayunaban juntos. La multinacional lo negó en el juicio. Alegó que la fallecida en su familia se colaban en el recinto desde hace más de veinte años rompiendo la valla. Para demostrarlo, puso sobre las mesas las innumerables denuncias presentadas ante la Guardia Civil por ello, así como las facturas correspondientes a la reparación de la alambrada perimetral de las instalaciones. Agregó, igualmente, que la verja se revisaba periódicamente y que había carteles de prohibido el paso.

Sin embargo, poco después de que sucediera el accidente, el trabajador que conducía la máquina contó a la Guardia Civil que la empresa no puso medios para impedirles la entrada a los rebuscadores, a los que conocía por sus nombres pues iban al vertedero todos los días. Llegó a decir que, cuando se arreglaba la alambrada, se dejaba una parte sin poner para facilitarles el acceso.

Para el juez, este testimonio es fundamental para llegar a la conclusión de que FCC tuvo responsabilidad en el trágico siniestro. “Ha sido necesario que suceda este accidente para que haya adoptado medidas más efectivas de prohibición del acceso”, argumenta el magistrado Humberto Herrera. Y concluye: “No se pone en duda que la empresa y sus trabajadores trataban de ayudar con la mejor intención a quienes hacían de la rebusca de chatarra y comida su medio de vida. Sin embargo, era perfectamente consciente del riesgo y de las medidas que debía adoptar y no hizo todo cuanto estaba en su mano para evitarlo, especialmente, poner vigilantes en el vallado perimetral”.

La resolución condena únicamente a la concesionaria FCC y absuelve al Ayuntamiento y a su aseguradora, contra quienes también se había presentado la demanda. La sentencia no es firme.