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miércoles, 19 septiembre 2018
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  • MAYO DE 2011. Ciudadanos en uno de los viajes del tranvía, durante la fase de pruebas del nuevo medio de transporte.
    MAYO DE 2011. Ciudadanos en uno de los viajes del tranvía, durante la fase de pruebas del nuevo medio de transporte.

La Concejalía de Hacienda, que dirige Manuel Bonilla, trabaja para presentar, probablemente, la semana que viene lo que se denomina como un recurso extraordinario de revisión, dirigido a la Agencia Tributaria de Andalucía, en el que se reclamará la devolución de un ingreso indebido, destinado a las arcas municipales, por una cantidad que puede llegar al millón y medio de euros, aunque, como deja claro el edil, es una estimación. ¿Por qué? La clave para solicitar esta cantidad a Sevilla está en el cobro por parte de la Junta de recargos de apremio a la Administración local derivados de la financiación de los equipos móviles del tranvía y el 50% del proyecto de obra. “Es dinero contante y sonante”, como apostilla el responsable municipal porque no ha lugar ese cobro, al entender el Tribunal de Cuentas, después de la fiscalización del proyecto, que los acuerdos entre Jaén y Sevilla para la puesta en marcha del tren ligero ya establecían garantías de cobro, que consistían en el pago del interés legal del dinero más el 1%, que ya se cobra, además de la compensación al detraer la cantidad correspondientes de la parte proporcional del Patrica, la parte de los tributos cobrados por el Gobierno andaluz que se reparte entre los ayuntamientos andaluces.

“No es habitual con facturas emitidas por una empresa mercantil, como es la Agencia de Obra Pública”, aclara Bonilla. El plazo que tiene el Ayuntamiento es de tres meses, conforme estable la ley, desde obtener una prueba que defienda sus argumentos. Como se trata del informe del Tribunal de Cuentas, que entró a finales de diciembre en el Registro Municipal, pueden presentar el recurso hasta marzo, aunque las intenciones de la Concejalía de Hacienda es acortar plazos. Al margen de esta solicitud, el Gobierno local quiere cobrarse otra deuda, de la que ya tiene constancia la Agencia de Obra Pública, como apunta Bonilla, que se centra en la recuperación de los 4,3 millones que se le reclaman al Ayuntamiento como gastos de financiación del sistema tranviario, a pesar de que, como precisa Bonilla, la Junta no los tiene. En este caso, conforme a lo que ya anunció el alcalde, Javier Márquez, sí hay interés en negociar un convenio con la Junta que establezca la devolución de esta suma en forma de inversiones para la ciudad y recuperación de patrimonio municipal. El regidor aludió expresamente a intervenciones como la construcción de una nueva estación de autobuses, integrada en el centro de transportes intermodal que se quiere construir en Vaciacostales, una pista profesional de atletismo y recuperación de patrimonio municipal, como Marroquíes Bajos.

Aunque Bonilla reconoce que, al menos, hay conversaciones al respecto, también recuerda que hay solicitada una reunión con la Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que dirige María Jesús Montero. Si llegado el caso, no se llegara a una solución dialogada, el Gobierno local interpondría una reclamación judicial contencioso-administrativa, aunque no es la primera de las opciones que se baraja. En este caso, se solicitaría el reembolso de unos 2,8 millones de euros, ya pagados. El quid de la cuestión está en el contrato firmado por responsables locales y autonómicos por la construcción del sistema tranviario en el que el Ayuntamiento se comprometía a abonar el coste de los vagones en facturas trimestrales de unos 270.000 euros, a lo largo de 17 años.

El borrador para reactivar el tren ligero no recoge la cofinanciación de su arreglo

El preacuerdo para la puesta en marcha del tranvía tras siete años sin funcionar fue remitido por la Consejería de Fomento a la Junta, por correo electrónico, el pasado viernes. También fue enviado por correo postal y, según las fuentes consultadas por este periódico, el Gobierno local ya debería de estar analizándolo. Se trata de un borrador, un convenio tipo que, eso sí, no incluye uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno andaluz para tratar de desbloquear las negociaciones con la Administración local para rentabilizar la inversión del tren ligero, tras las muchas ocasiones en que los responsables municipales renunciaron a su explotación por no poder asumir su déficit. Se trata del ofrecimiento de asumir el 40% de los costes para la puesta en marcha del sistema tras el tiempo de inactividad, una cantidad que ronda los 2,2 millones de euros, conforme al estudio que hizo la consultora contratada por el Ayuntamiento, la solvente firma Ingerop T3. El pasado lunes, el alcalde, Javier Márquez, preguntado por si tenía a disposición ya el acuerdo, dijo no tener constancia de ello y este periódico tampoco pudo aclarar este extremo. Lo que sí dejo claro es que el documento sería estudiado en profundidad.

subvención por cambiar la sede de la policía local

El Ayuntamiento estudia solicitar a la Junta unos 3 millones de euros, aparte de las cantidades derivadas de la financiación y recargos. Se trata del dinero que se concedió como compensación a las arcas municipales por el traslado de la sede de la Policía Local, por la construcción de las cocheras, una obra que no se ejecutó por no tener capacidad la Administración local. También se abordará el coste de la puesta en macha del tren ligero.