Habrá trato individualizado para ayuntamientos en riesgo

El Gobierno realizará un estudio individualizado de la situación de los 200 ayuntamientos del país que se encuentran en riesgo económico-financiero y con mayores déficit públicos para aliviar su situación. Además, revisará una a una las empresas públicas deficitarias que prestan servicios esenciales, como el transporte, para evitar que, de acuerdo con la Ley de Sostenibilidad Financiera y Estabilidad Presupuestaria aprobada por el propio Ejecutivo de Rajoy en el anterior mandato, tengan que cerrar. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo anunció tras una reunión con la dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias (encabezada por su presidente, el socialista Abel Caballero) y a la que asistió también el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Entre esos 200 ayuntamientos se espera que esté incluido el de la capital. Con el dudoso honor de ser el más moroso de España (tarda, de media, más de un año y medio en pagar a sus proveedores), cerró 2015 con un déficit de en torno a los 50 millones de euros y una deuda de 530 millones de los que más de 403 era con entidades financieras. Declarada en “quiebra técnica”, sobrevive gracias a la concertación o renovación, periódicas, de préstamos y créditos y a las medidas de liquidez del Ejecutivo. Deberían ser bombonas de oxígeno para su salvación, pero, mes tras mes, se recrudece la agonía porque la realidad del Ayuntamiento es que no cuenta con financiación, ni ingresos suficientes para poder cubrir todos los gastos que ha asumido en estos años, un problema que, por otro lado, no le es exclusivo. De hecho, entre los SOS que ha trasladado al Gobierno se encuentra, incluso, una petición de quita, a instancias del PSOE.

En la reunión de ayer, el presidente de la FEMP también reivindicó al Gobierno que permita invertir a ayuntamientos y diputaciones el superávit que generaron en 2016, que, según dijo, volverá a rondar los 4.000 o 5.000 millones. Pidió una respuesta “inmediata”, puesto que cualquier modificación legal obligará a esperar hasta, al menos, el mes de mayo, informó Europa Press. Según el presidente de la FEMP, los ayuntamientos están a la espera de las propuestas que haga para ellos el Gobierno en los próximos Presupuestos Generales del Estado, cuyo borrador para este año aún no se ha presentado. Por lo pronto, por acuerdo de ambas partes, se pondrá en marcha un grupo de trabajo que revisará la aplicación de la regla de gasto a las entidades locales, que son las más cumplidoras, pero también las más presionadas.