Frente común en defensa de una PAC justa y social
La Junta y las organizaciones agrarias hacen un frente común para mantener las partidas y equilibrar el mercado
La Junta, organizaciones agrarias y cooperativas escenificaron el frente común que proyecta Andalucía con vistas a la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que persigue que no se pierda un solo céntimo de la cartera actual y avanzar en una estructura de mercados más equilibrada en la que las grandes empresas no devoren a los agricultores. No obstante, creen que la actividad agraria debe avanzar hacia técnicas más inteligentes y eficientes y que contribuyan a frenar el cambio climático. Además, con una fórmula que mantenga los pueblos vivos y una estructura social justa acorde con el trabajo que se realiza.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, exige al Gobierno de la Nación que garantice que Andalucía “no perderá” en el reparto de la nueva Política Agraria Común (PAC) “como ocurrió en el último marco” y que la Unión Europea (UE) defienda “sin titubeos” a los productores de aceituna de mesa frente a los aranceles impuestos por la administración Trump Estados Unidos. Lo hizo tras la firma —en el Palacio de San Telmo— de una declaración institucional con la postura de Andalucía ante la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) junto a representantes de las organizaciones agrarias UPA, Asaja y COAG y de las Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.
La jefa del Ejecutivo defendió la necesidad de “estar unidos para que no se repita” el escenario del último marco de la PAC, “cuando fuimos los únicos que perdimos”, y pidió al Gobierno de la Nación que no haya “recortes ni sorpresas” en la próxima PAC para que Andalucía reciba el mismo trato que “el resto de comunidades autónomas”. Tras recordar que los fondos europeos han sido fundamentales para el desarrollo de Andalucía y han servido para fijar la población al territorio, Díaz ha pedido “blindar los 1.700 millones” que reciben los agricultores andaluces, que “no se pongan más trabas mientras se reducen las ayudas” y que se tenga en cuenta la incorporación de las mujeres y de los jóvenes al sector.
“Hay que garantizar una Europa verde y sostenible, pero eso no se conseguirá con titubeos en la defensa de nuestros productores”. Por último, la presidenta expresó su deseo de que el Gobierno de España garantice la exigencia en Bruselas de que “se pongan los fondos adicionales que hagan falta, no se utilice la subsidiariedad que tienen los gobiernos centrales para romper la equidad entre territorios y que garantice que dedicarse al sector agroalimentario sea incompatible con transformar la PAC en una política de regresión”.
Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Rafael Leal, ha considerado que se debe mantener el presupuesto de la PAC para que el sector siga siendo “sostenible y competitivo”. Además, ha pedido que el presupuesto contenga una orientación global comunitaria con el fin de que “las reglas del juego sean iguales para todos”, así como que mantenga “al menos” el presupuesto nacional y autonómico.
La propuesta de presupuesto generó las primeras dudas entre los agricultores. De hecho, se quiere que los fondos que dejará de poner Gran Bretaña sean asumidos por el resto de socios. El secretario general de UPA-A, Miguel Cobos, valora el documento, aunque echó en falta algunas reivindicaciones de la organización. De hecho, dijo que “para hacer la PAC más social hace falta que los planes estratégicos sean regionales”. El presidente de Asaja-Andalucía, Ricardo Serra, ha avisado de que “la batalla no termina hoy” porque la “negociación va a ser larga” y manifestó que el presupuesto debe ser “suficiente” para cubrir las necesidades del sector, además de “conservar el modelo. Por último, el secretario general de COAG-A, Miguel López, criticó la postura de Europa que quiere “desmantelar el modelo” y se muestra preocupado por la debilidad que puede presentar el sector agrario si no se fija la población que vive en los pueblos.