Firmas para que los fuegos provocados sean terrorismo

Los incendios forestales ya son considerados delitos medioambientales y, como tal, están tipificados en el Código Penal. Cuando un pirómano se sienta en el banquillo, puede enfrentarse a condenas de entre uno y cinco años de prisión y, en el caso de que la vida de las personas corra peligro, la sentencia puede ser más severa y, si así lo estima su señoría, llegar hasta los 20 años de cárcel. Pero el abogado Ignacio Martínez López quiere que haya más severidad con aquellos que, de forma intencionada, queman el monte. Para ello, impulsa una campaña de recogida de firmas, en la conocida plataforma “change.org”, en la que se reclama que estos actos sean tipificados entre los supuestos incluidos en el artículo 573 del Código Penal.

La solicitud está dirigida directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, y alude expresamente a lo ocurrido el pasado 3 de agosto en Segura de la Sierra. Ese día, se declaró un fuego cerca del monte de El Yelmo que, al cierre de esta edición, todavía no está extinguido. A consecuencia de las llamas, la Junta de Andalucía tuvo que decretar el nivel 1 de alerta, al ser preciso el desalojo de unas 270 personas. Se cortaron carreteras y fue preciso el realojo de vecinos y clientes de establecimientos hoteleros. Lo que más indigna a los ciudadanos de esta comarca es que una de las hipótesis que más peso tiene es que fue intencionado. Sobre el que no hay dudas, al menos no las tienen los investigadores de la Guardia Civil, es que el fuego que afectó a una veintena de hectáreas, el pasado día 13, en el término municipal de Jaén, prendió por culpa de la mano del hombre. La Benemérita determinó que un menor, acompañado de otros dos, inimputables por su corta edad, prendieron una hoguera, con la intención de grabar un vídeo que iban a subir a internet.

sentencia. En marzo de este año, el Juzgado de lo Penal número 3 dictó sentencia contra un agricultor por un delito de incendio forestal. En el fallo, quedó claro que todo había sucedido por una imprudencia grave del condenado, al contravenir las normas de la Junta que limitan el uso del fuego. Se trata de la conocida normativa que impide quemar rastrojos y encender barbacoas en épocas de máximo riesgo. En concreto, la decisión del imputado de encender una hoguera para deshacerse de los restos de la poda del olivar generó un incendio que afectó a 26,015 hectáreas de terreno forestal. Por ello, se le impuso una pena de seis meses de prisión, seis meses de multa, a razón de dos euros al día, y el pago de 3.461,25 euros en concepto de responsabilidad civil. Esta suma se invirtió en sofocar las llamas, según la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

En 2016, un jiennense sí entró en prisión por quemar el bosque. Manuel C. C., un vecino de Castillo de Locubín de 41 años, fue condenado a pasar cuatro años, seis meses y un día entre rejas por causar varios incendios adrede en “La Camuña”, un paraje de gran valor ecológico en las inmediaciones de su pueblo. De hecho, las llamas llegaron a poner en peligro algunas viviendas, con el consiguiente riesgo para las personas. Ingresó en prisión en septiembre de 2015, cuando fue arrestado. Inicialmente, la Fiscalía le pedía una pena de 15 años de cárcel, uno de los castigos más severos de cuantos se habían solicitado en España para un incendiario en los últimos años. Sin embargo, su abogado alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público y logró reducir la pena.