El Valle pide la mayor cifra de empleo social contra el paro

Sentados ante una mesa y rodeados de mensajes —desde el “trabajo con derechos” que reivindicaba la camiseta serigrafiada de Ángel Ibáñez al lema que celebra las cuatro décadas de historia de la asociación—, la ejecutiva de “Passo” desgranó la contrapropuesta que ha hecho a la Junta para que la declaración del Polígono del Valle como Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) sirva para generar el mayor número posible de contratos en el barrio.

Los proyectos de obra de las 101 viviendas de Miguel Castillejo y de las 60 viviendas “ya están muy avanzados”, señaló el vicepresidente del colectivo, José Ignacio Gámez. La previsión de la Delegación es “que haya movimiento para septiembre u octubre” y, aunque “la mayor parte” de los contratos serán menores (con un importe inferior a los 50.000 euros), la asociación quiere “garantizar que se genere empleo y que el mayor número posible de personas sea de la zona”. Y —en una opinión compartida con “La Unión”— el fin no se lograría si las cláusulas sociales se reducen al 10% de los nuevos contratos.

Esta es la cifra que les avanzó el delegado de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso, en julio. Y sintetizó el presidente de “Passo”, Mario Liébanas: “Después de las promesas que nos hicieron, fue una decepción. El 10% mínimo es insuficiente”. Así se lo trasladaron al propio delegado que, en declaraciones a este periódico, señaló que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) “está trabajando” en la posibilidad de ampliar ese porcentaje.

¿Hasta dónde? No lo apuntó. Pero “Passo” no se conforma con mínimos. Su propuesta pide que, de entrada, en el objeto del contrato, se establezca “el fomento del empleo en la zona catalogada como ARRU, dada la situación de paro y precariedad que afecta a muchos trabajadores provenientes del sector de la construcción y afines”. Después, en las condiciones de ejecución de la obra, plantea que, “al menos, el 50% del empleo que generen las obras sea para nuevos contratos a desempleados, de los que la mitad” sean parados de larga duración, mayores de 45 años o personas en situación de riesgo de exclusión social. También propone que, en la licitación, se valore con un 60% a las empresas que oferten mayor número de jornales y con un 30%, la contratación de parados inscritos en los servicios de orientación de la zona. “El Valle no es un barrio cualquiera. Está muy castigado por el desempleo y se han creado muchas expectativas”, recordó Ibáñez.