El Supremo condena a más de tres años de cárcel al exalcalde de Huesa

El Alto Tribunal estima que Javier Gómez Sevilla falseó un documento oficial para no devolver una subvención

24 jun 2016 / 13:30 H.

Francisco Javier Gómez Sevilla, el que fuera alcalde socialista de Huesa entre 2007 y 2011, ha sido castigado por el Supremo con tres años y dos meses de cárcel por un delito de falsedad de documento oficial. La Justicia dice que emitió órdenes de pago falsas para justificar la ejecución de unas obras, que no llegaron a realizarse. La condena conlleva el ingreso en prisión. Una resolución que ha sido calificada como “durísima y desproporcionada” por su defensa, el abogado Javier Pulido: “La propia sentencia del Alto Tribunal reconoce que no se ha llevado ni un solo euros ni se ha beneficiado a terceros”, explica.

Según los hechos probados, Gómez Sevilla solicitó, como alcalde de Huesa, dos subvenciones para llevar a cabo la remodelación de la conocida “Fuente del Popi”. Se trataba de ayudas públicas finalistas, es decir, solo se podían gastar en ese proyecto. Sin embargo, el entonces regidor municipal destinó los 47.000 euros concedidos por la Diputación y el Gobierno a pagar nóminas municipales por trabajos en otras obras del pueblo. El arquitecto municipal, siguiendo órdenes del alcalde, emitió el certifico final de las obras, con el objeto de justificar que el destino para el que habían sido concedidas y evitar la devolución.

En noviembre de 2015, el exregidor se sentó en el banquillo de la Audiencia, junto al aparejador. Gómez Sevilla defendió que el dinero fue utilizado para los fines previstos, es decir, generar jornales. No obstante, los magistrados lo consideraron inductor de un delito de certificación falsa y le impusieron una condena de seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público. Entonces, fue absuelto de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad.

La Fiscalía recurrió ante el Supremo esta sentencia y el Alto Tribunal le ha dado la razón. Ahora, considera que Gómez Sevilla falseó un documento oficial y lo castiga con tres años y dos meses de cárcel. Y eso que la propia sentencia reconoce que no se produjo desviación de caudales públicos, ni en provecho particular del acusado, ni en beneficio de terceros, al no constar que se realizaran jornales ficticios.

Su abogado anuncia que interpondrá recurso de amparo ante el Constitucional por vulneración del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. También pondrá en marcha los trámites para pedir al Gobierno un indulto. Mientras tanto, el reloj corre en contra del exalcalde, ya que la maquinaria judicial para su ingreso en prisión ya está en marcha.