El secretario de La Guardia: “Fue una confusión”

El secretario del Ayuntamiento de La Guardia, Jesús C. R., atribuye a “una lamentable confusión” el hecho de reflejar en el acta de un pleno municipal un acuerdo sin que ni tan siquiera hubiera ocurrido. El fedatario público se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia por un delito de falsedad en documento oficial y se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por parte de la Fiscalía. Su abogado defensor, José Ángel Urquiza, hizo hincapié en “el error” que cometió su cliente y que atribuyó a “la crispación”: “Hay muchos grupos políticos que tienen divergencias de todo tipo y frente a ello, un secretario que no tiene más medios que su cabeza y el bolígrafo”, remarcó.

El Ministerio Público acusa a Jesús C. R. de haber manipulado el acta correspondiente a una sesión plenaria para introducir acuerdos que ni tan siquiera habían sido debatidos por los concejales. Los hechos se remontan al 27 de febrero del año 2009, cuando los nueve ediles de la Corporación Municipal celebraron una reunión plenaria y uno de los asuntos del orden del día era debatir sobre la concesión de una licencia de actividad para una estación depuradora de aguas residuales en la urbanización Altos del Puente Nuevo. Ese permiso había sido anulado y la promotora había recurrido la decisión. En esa sesión, el pleno confirmó la nulidad de la licencia.

La Fiscalía asegura que el secretario consignó en el acta un punto que, según reflejó, había sido propuesto por el alcalde y aprobado por los concejales, algo que el acusado reconoció que nunca pasó. Ese punto incluía la suspensión de la nulidad de la licencia “por razones de interés general, fundamentadas en la garantía de la prestación de un servicio fundamental a los vecinos residentes en esa urbanización hasta tanto se busque una solución satisfactoria con respecto al emplazamiento de la depuradora”. Al respecto, Jesús C. R. alegó que se dejó llevar por conversaciones anteriores en las que se había abordado esta propuesta y admitió que nunca fue a pleno. Recordó que la nulidad de la licencia podría llevar al Ayuntamiento a una reclamación patrimonial por parte de los promotores de la depuradora de 400 millones de euros. Esto sumado a su defensa del interés general le llevó, según declaró, a recogerlo en el acta del pleno sin ser consciente de que no se había debatido en el pleno.

El acusado negó cualquier tipo de influencias para alterar el acta y lo justificó por “la presión” que se vive en los plenos del Ayuntamiento de La Guardia a los que comparó con “la guerra de Irak”. También aludió a su situación laboral, ya que ejerce su profesión “con ningún tipo de apoyo, ni técnico ni personal”.

Fue un año después de la aprobación del acta manipulada cuando un concejal de Urbanizaciones Unidas de La Guardia, Luis Salazar, pidió el expediente administrativo por el proceso abierto por la licencia de la depuradora en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el acta incluía un acuerdo que no se había adoptado en pleno. Tras repasar el audio del pleno, el secretario hizo una rectificación. Salazar considera que lo ocurrido “beneficia claramente a la promotora”.