El PP pedirá al Gobierno 4,4 millones para pagar sentencias

Nuria lópez priego

A las puertas del pleno extraordinario que, el lunes, abordará una adhesión del Ayuntamiento al compartimento del Fondo de Ordenación para el pago de sentencias judiciales firmes, a la Comisión de Hacienda de hoy llega la enésima vuelta de tuerca que el equipo de Gobierno local plantea para el plan de ajuste y un informe de la Intervención escéptico, como lo han sido todos los anteriores sobre las promesas municipales. La petición de liquidez que el PP formula esta vez al Ejecutivo central alcanza los 4.404.312,37 euros. Si bien todavía se está analizando la firmeza de algunas, este es el montante que suman las sentencias —entre ellas, la derivada del traslado del Club Hípico— comunicadas por la Concejalía de Hacienda.

Para poder beneficiarse de esta nueva inyección de liquidez, en la nueva modificación del plan de ajuste, el equipo de Gobierno local plantea variaciones sobre las últimas revisiones aprobadas entre las que destaca, por la vía de los ingresos, el incremento estimado de 179.205 euros en concepto de IBI urbano, debido a la incorporación de nuevas zonas al planeamiento urbanístico de la ciudad. En cuanto a las medidas de ahorro, se propone la reducción de gastos en el capítulo 2, como consecuencia de la implementación de acciones de eficiencia energética en la ciudad. El ahorro estimado por este concepto ronda los 150.000 euros anuales, que se derivaría —como se hace eco el informe de la Intervención— de la unificación de los contratos de mantenimiento de ascensores municipales (22.233,6 euros anuales) y del nuevo contrato de servicio de telecomunicaciones integral (93.788,1 euros anuales).

Sin embargo, con toda la cautela y reconociendo que la nueva revisión del plan de ajuste se ajusta a los establecido en la Ley, la Intervención se muestra recelosa. En la página 9 de las 12 que contiene el informe, al que tuvo acceso este periódico, se señala que las previsiones contenidas “tanto en ingresos como en gastos no solo en esta modificación del plan, sino del resto de las medidas incluidas en él”, no garantizan la cobertura de los costes financieros de esta nueva operación. Y alerta: “Cualquier desviación negativa, afectaría a la estabilidad presupuestaria y peligraría el reembolso de la operación”. Esta es una circunstancia que, además, considera “probable”, teniendo en cuenta los “sucesivos incumplimientos en ingresos y gastos previstos en las distintas revisiones de planes aprobados”, desde aquel primer ajuste, de marzo de 2012, que fue requisito sine qua non para empezar a saldar las deudas millonarias contraídas con los proveedores.