El PP dice a Moreno que llegó tarde a impugnar los acuerdos

El PP de Jaén ya ha contestado la demanda que el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, interpuso en el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén para impugnar el decimosegundo Congreso Provincial y que el juez admitió a trámite a finales de junio. En su respuesta, la dirección provincial no solo pretende desmontar uno por uno todos los argumentos de Moreno. Intenta dejarlo KO desde el cumplimiento básico de los plazos en los que los Estatutos establecen la posibilidad de impugnar los acuerdos que la dirección provincial del partido adoptó el 3 de abril, previos a la celebración del proceso. Se fijan 40 días desde entonces y la demanda fue interpuesta el 8 de junio, cuando —según se aduce en el escrito— los acuerdos habían quedado “sanados e inatacables”, con lo cual la impugnación habría “caducado”.

A esto suma que, en un primer momento, el demandante solicita la nulidad de la convocatoria, la constitución y acuerdos adoptados por la directiva provincial y, 6 días después, se corrige y añade a la acción de nulidad, la de anulabilidad, pidiendo, además, que se le proclame candidato único, lo que se entiende como una incongruencia. El partido esgrime que, antes de acudir a los tribunales de justicia, Moreno “no agotó la vía interna de oposición” ante otros organismos de carácter regional y nacional. Por ello, en las cuestiones previas, se concluye: “La caducidad de la acción y la falta de agotamiento de la vía interna de impugnación de los acuerdos conlleva, sin más, la desestimación de la acción de la demanda, sin mayor detenimiento, al estar caducada la acción y por no ser los acuerdos susceptibles de impugnación ante los tribunales civiles”.

Esto es solo el principio. En el apartado de “hechos” y entre otros puntos —la contestación tiene casi 100 folios—, el PP de Jaén trata de desmontar todo lo relativo al acceso a la junta directiva. Esa obligación —indica— nace de los nuevos estatutos del PP, tras la celebración del XVIII Congreso Nacional, que dejó 6 meses para que las agrupaciones provinciales adaptaran sus normas. En este sentido, se explica que, hasta después de la celebración del congreso provincial, no existía ninguna norma imperativa que obligara al presidente del partido a facilitar la documentación que los “críticos” reclamaban antes de la reunión de la dirección provincial —por ejemplo, el nombre de los miembros de la junta—. Entiende, pues, que no existe vicio alguno de nulidad en la convocatoria. Y se añade que se les facilitó la información cuando ya estaba convocado el congreso y abierto el proceso electoral. Además, se intentan desmontar las supuestas irregularidades acaecidas —según los “críticos”— durante las votaciones del 27 de abril y se reprocha que, por parte de las estructuras locales afines a Moreno, hubo un secuestro de actas para cuadrar resultados y que la diferencia a su favor superara en un 15% a la otra lista, que le habría dado la victoria.

Se subraya que ninguna de las modificaciones efectuadas en la directiva provincial fueron caprichosas y se niega rotundamente que se permitiera votar como compromisarios natos a miembros de la directiva provincial que no fueran afiliados. También se subraya que no se conculcó derecho fundamental alguno.