El pleno solicitará una Inversión Territorial Integrada provincial
El PSOE pidió el 28 de noviembre un debate para que la ciudad traslade la exigencia
De la sesión plenaria del próximo viernes puede salir un acuerdo de la Corporación Municipal importante, al menos, simbólicamente, para la capital y el resto de la provincia. Tras “consensuarlo” con el PSOE, como explicaron fuentes de este partido, el alcalde, Javier Márquez, del PP, incluyó en el orden del día del pleno el debate sobre la necesidad de demandar que se ponga en marcha para la ciudad y toda la provincia una Inversión Territorial Integrada (ITI). Los socialistas, que por el número de escaños que ocupan en la bancadas de la oposición, tienen derecho a solicitar la convocatoria de tres plenos, reclamaron, el pasado 28 de noviembre, una sesión específica para exigir que la ITI que se plantea para Jaén tenga ámbito provincial. Lo hicieron el nuevo secretario general del partido del puño y la rosa en la ciudad, Julio Millán, y el portavoz en la Corporación, su antecesor en el cargo Manuel Fernández Palomino.
El PSOE jiennense, al exigir que el Ayuntamiento debata una moción que solicite una inversión extraordinaria de Europa para todo Jaén fue el primero que sembró dudas sobre el acuerdo que, el viernes 24 de noviembre, hizo público el secretario de Estado de Hacienda, el exalcalde del PP, José Enrique Fernández de Moya, que aseguró que había alcanzado un compromiso con el Gobierno andaluz para que la ITI se circunscribiera a Linares. Aunque no lo citó expresamente, Fernández de Moya, dijo que había cerrado el compromiso con un alto cargo de la Administración autonómica que, como confirmó este periódico, resultó ser el vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios. Casi en paralelo, el presidente de la Diputación, el socialista Francisco Reyes, que, por carta y días antes, había planteado la conveniencia de una ITI al Ministerio de Hacienda y la Junta, maniobró para dejar sin valor el pacto anunciado por Fernández de Moya. Lo hizo recordando que la presidenta andaluza, en el Parlamento regional, planteó la necesidad de solicitar una inversión de este tipo para toda la provincia y, en caso de que no fuera posible, para la comarca linarense. Además, Reyes confirmó que, de la mano de la Delegación del Gobierno andaluz y del Consejo Económico y Social provincial, se trabajaba en un diagnóstico socioeconómico del territorio para presentarlo al Ejecutivo central y decidir que necesidades tienen los 97 municipios. Al final, Fernández de Moya acabó con la controversia política generada al anunciar que la Administración general del Estado defenderá, ante la Unión Europea, el modelo de ITI que elabore el Gobierno regional. Con el anuncio de ayer del alcalde jiennense, que también defiende desde un primer momento que la ITI incluya inversiones para la capital, se cierra el círculo y parece enterrarse definitivamente la polémica toda vez que, aunque contara con el rechazo del tercer partido en número de concejales, Jaén en Común, y los tres ediles no adscritos, la petición del Ayuntamiento de una Inversión Territorial Integrada para toda la provincia saldrá adelante, al sumar los 12 síes del Partido Popular y los 9 de los socialistas.
Una ITI es un instrumento diseñado para apoyar un conjunto de acciones en áreas geográficas que se nutre de varios fondos europeos y que, en este caso, tiene que acogerse al marco comunitario 2014-2020, lo que, en principio, supondrá la redistribución de cuantías que ya están en manos del Estado y la comunidad.
El concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, anunció, en rueda de prensa, que, en la próxima sesión plenaria, se presentará un conjunto de reconocimientos extrajudiciales por un valor aproximado de 12 millones de euros, es decir, el abono de facturas atrasadas por este importe. El motivo de presentar ante la Corporación estas operaciones es porque la mayoría de ellas se quedaron, como precisó el edil, sin dotación presupuestaria en ejercicios anteriores. Y es que, cuando se elaboró el presupuesto de 2017, se solicitó a la Intervención que permitiera dar este paso. Bonilla precisó que de los 12 millones de euros, la mayoría permitirá hacer frente al abono de pequeñas facturas, aunque destacan dos grandes reconocimientos. Se trata de dos bloques, uno con siete facturas de FCC, correspondientes a 2015 y 2016. “Estas son las facturas que avisábamos que era necesario cuantificar y justificar antes de darle a la empresa 20 años más de concesión como ha hecho el PP”, criticó el portavoz del grupo socialista, Manuel Fernández, que ahondó en esta cuestión y razonó: “Se trata de una curiosa forma de controlar la regla de gasto, ya que si no pagamos deuda pero la desplazamos a otros ejercicios y si no invertimos nada en la ciudad, así la regla de gasto la cumple cualquiera, porque lo que el PP hace con esto es trampear las cuentas de la ciudad”. En cuanto al otro gran grupo de facturas pendientes, el concejal de Hacienda aludió al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el sistema tranviario en el que se pone de manifiesto que la Junta cobra facturas de forma indebida, concretamente el coste de financiación que en los 17 años del contrato supondría 3,5 millones de euros, un importante que reclaman que revierta en la ciudad. De hecho, estas facturas del tranvía cuenta con el reparo de la Intervención Municipal con la idea de reclamar la suma, posteriormente, al Gobierno andaluz. El edil también anunció que se llevará al pleno del próximo viernes, la refinanciación de todas las operaciones de carácter estructural a corto plazo por un valor de 28,2 millones de euros y una operación de anticipo de recaudación para poder abonar nóminas y otras operaciones por valor de 10,7 millones.