El juicio por Matinsreg afronta su ultima semana antes de quedar visto para sentencia

El juicio por la supuesta trama que, a través de facturas "infladas", conllevó un quebranto económico para las arcas del Ayuntamiento de Jaén de unos 4,5 millones de euros, afronta su última semana antes de quedar visto para sentencia.

Después de que la pasada semana las partes renunciaran al testimonio de 19 testigos, para este lunes está prevista concluir con la testificar e iniciar la fase pericial con la declaración de los guardia civiles que investigaron a la empresa zamorana Matinsreg y que evidenciaron cómo se había facturado cantidades "infladas" por trabajos relacionados con el mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad.

Además, de los guardias civiles, en la pericial está previsto que declaren, a petición de las defensas, dos peritos. Una vez que concluyan se dará paso a los informes de todas las partes personadas en esta causa en la que el Ayuntamiento de Jaén ejerce la acusación particular y el PSOE la acusación popular.

Cuando finalicen los informes, la presidenta del tribunal dará la última palabra a los nueve acusados en la causa, entre ellos el que fuera alcalde de Jaén y ex secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. Es más, será el momento en el que los nueve acusados deberán comparecer en la sala de vistas ya que en durante la testifical han estado exentos de sentarse en el banquillo.

Precisamente, Fernández de Moya junto con otros dos acusados no han estado presentes durante las declaraciones de los testigos, mientras que el resto de los procesados si ha asistido a todas las sesiones. La idea es que para el próximo jueves, 29 de abril, el juicio quede visto para sentencia.

El origen de esta causa está en la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos "inflados" a Matinsreg, empresa a la que supuestamente se había adjudicado por un procedimiento de urgencia el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde de Jaén, en 2012.

TESTIMONIOS

Entre las declaraciones de los testigos, ha destacado la de B.G.O., el empleado municipal que como técnico se negó a firmar las facturas de Matinsreg. En su declaración apuntó al que fuera primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Jaén y acusado en esta causa, Miguel Ángel García Anguita, como la persona que le coaccionó para que les diera el visto bueno.

B.G.O. manifestó que su negativa a firmar las facturas conllevó "amenazas" y "coacciones" por parte de Miguel Ángel García Anguita, quien llegó a decirle "se firma por mis cojones o te vas". Y eso, según el testigo, es precisamente lo que ocurrió, que por su negativa a rubricar las facturas se encontró sobre la mesa con el decreto de cese firmado por Garcia Anguita, al que le llegó a decir "a robar, a Sierra Morena".

Durante dos horas de declaración, B.G.O. relató que se dio cuenta "desde el minuto uno" que las facturas eran "falsas", que fue el economista encargado de ratificarlas el que le comunicó que él no las firmaría y por eso su negativa a seguir haciéndolo pese a las presiones tanto de García Anguita como del gerente de Matinsreg.

Asimismo, apuntó que informó al entonces alcalde de Jaén y también acusado, José Enrique Fernández de Moya, de lo que estaba ocurriendo y del "acoso y derribo" al que estaba siendo sometido. Lo hizo en una reunión en la que, según B.G.O., Fernández de Moya le reconoció que estaba "rodeado de corruptos, pero que no tenía pruebas", extremos estos que ha venido rechazando el exalcalde.

El gerente de Matinsreg, G.G.V. ha sido el único de los nueve acusados que ha reconocido abiertamente ante el tribunal haber "inflado" las facturas que pasaba al Ayuntamiento de Jaén por el mantenimiento de las fuentes y haberlo hecho con el visto bueno del que fuera primer teniente de alcalde, Miguel Ángel García Anguita.

G.G.V. habló de haber alternado la realidad de las facturas para hacer frente al pago de comisiones que repartiría entre los dos empresarios que se sientan en el banquillo y, según conoció por terceros, el concejal Miguel Ángel García Anguita.

Tanto García Anguita como el que fuera concejal de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral, también acusado, rechazaron formar parte de esta supuesta trama. En esta misma línea declaró Fernández de Moya, que negó cualquier tipo de implicación o vinculación con la empresa Matinsreg.

"Ni participé, ni conocí ni me reuní, ni di ninguna instrucción sobre ninguna empresa de servicios públicos esenciales", resumió Fernández de Moya, que no está acusado por el Ministerio Fiscal, pero sí por el Ayuntamiento y por el PSOE.

También el técnico municipal que dio el visto bueno a las facturas reconoció haber sido "algo imprudente", pero lo justificó por "el agobio" de carga de trabajo y por la falta de medios para hacer comprobaciones, además de dar por entendido que los precios que aparecían estaban "consensuados".

Por su parte, el empresario A.G.M. dijo que sí se percató de que en algunas facturas referidas a la cloración de las fuentes, el cloro empleado y las horas de trabajo no coincidían con lo finalmente facturado, que era bastante superior.

De esta forma, puso como un ejemplo que cuando los partes hablaban de 66 litros de cloro, luego aparecían facturados 256 litros, o que las horas de trabajo de tres operarios eran 24 y luego se facturaban 48 horas.

PENAS

El PSOE ha pedido que se condene a Fernández de Moya por los delitos de prevaricación y malversación continuada. Por el presunto delito de prevaricación, se pide que se le imponga diez años de inhabilitación absoluta y por el de prevaricación continuada, ocho años de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta.

En su escrito, el PSOE también reclama 17 años de prisión para un técnico del Ayuntamiento también investigado, A.S.G., y para el exconcejal Manuel del Moral, así como once años y medio de cárcel para el que fuera teniente de alcalde Miguel Ángel García Anguita (PP). Para el empresario J.M.A., como "mayor beneficiado del expolio" del Ayuntamiento, el PSOE reclama once años de prisión.

Desde el Ayuntamiento de Jaén se solicita que se imponga seis años de prisión y nueve de inhabilitación para cargo y empleo público para Fernández de Moya. El Ayuntamiento considera a Fernández de Moya responsable de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de fraude y exacción ilegal.

El Ayuntamiento pide también penas de seis años de prisión para los cinco empresarios investigados en esta causa por fraude y exacción ilegal, además de falsedad en documento público. También reclama seis años de cárcel para el técnico municipal que dio el visto bueno a las facturas y diversas penas más por tráfico de influencias y cohecho en las que también están incluidos el que fuera teniente de alcalde, Miguel Ángel García Anguita, y concejal Manuel del Moral.

En su escrito de calificación provisional el Ministerio Público sólo apunta a nivel municipal como máximos responsables de la trama al que fuera teniente de alcalde, Miguel Ángel García Ánguita, y al entonces concejal de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral, así como al técnico municipal A.S.G..

Para estos tres acusados, el Ministerio Fiscal pide nueve años de prisión, seis como presuntos autores de un delito de malversación de caudales públicos en concurso medial con el delito de falsedad documental, y tres años más por el delito de cohecho, además de multa de 7.200 euros. También reclama su inhabilitación para cargo o empleo público durante 25 años.

Para otros tres acusados solicita penas de siete años de cárcel por malversación de caudales públicos y seis años para el último de los acusados por el mismo delito.