El juez no cierra la cantera de la Fuente de la Peña
Rechaza la medida cautelar solicitada por la Fiscalía en su querella
Primera decisión de importancia en el caso de la cantera de la Fuente de la Peña. El juez que instruye la causa penal por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente ha decidido no paralizar la actividad minera de esta explotación. La medida había sido solicitada por la Fiscalía de forma cautelar “para proteger los recursos naturales”, así como la flora y la fauna de la zona y unas pinturas rupestres protegidas como bien cultural. El magistrado Miguel Sánchez-Gasca entiende que el cierre de la cantera no es “proporcionado”. “No concurren los requisitos y parámetros para acordar la medida extrema de paralización de la explotación en sede penal”, razona su señoría en un auto, al que ha tenido acceso este periódico. En la práctica, esta decisión no tiene efecto alguno. ¿Por qué? Hay que recordar que la cantera ya está cerrada por orden de un juzgado de la jurisdicción contenciosa, después de que la Junta de Andalucía declarara la caducidad de la concesión hace unos meses.
Aparentemente, son decisiones contradictorias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de dos procesos judiciales distintos, que se siguen en dos vías diferentes. Por un lado, está el proceso meramente administrativo; por el otro, la causa penal abierta tras una querella de la Fiscalía. En su escrito, el Ministerio Público señaló a ocho personas y pidió al juez que les tomara declaración en calidad de investigados. El pasado 20 de marzo, el magistrado Sánchez-Gasca los interrogó sobre las supuestas irregularidades denunciadas por el Ministerio Público.
Su señoría debía resolver también sobre la cuestión planteada por la Fiscalía de cerrar la cantera para que no siga dañando el medio ambiente. El juez entiende que no hay motivos para ello. El auto da varios argumentos. “La concesión minera La Quebrada, de monte Público Solana de Fuente La Peña, tiene todos los permisos necesarios para su explotación”, explica el documento. Añade que cuenta con la correspondiente licencia municipal. “No es una explotación clandestina, sino todo lo contrario”, aclara. Las supuestas irregularidades denunciadas por la Fiscalía vienen dadas por una prórroga de la actividad, concedida por la Junta en junio de 2012 y que, según el Ministerio Público, no debería estar en vigor: “No aparece en esta fase inicial de forma palmaria y evidente que se trate de una prevaricación penal en sede administrativa, sino que más bien es una cuestión contenciosa a resolver en esta administración”, sostiene el juez.
Respecto a la protección del conjunto rupestre cercano a la explotación, el magistrado Sánchez-Gasca asegura que la propia Junta ya acordó la limitación de la explotación en dirección este, es decir, hacia el lugar donde las pinturas prehistóricas protegidas. Y, por último, el juez considera que la supuesta afección grave a la flora y a la fauna de la zona como consecuencia de la actividad extractiva no está acreditada como “para acordar una medida extrema de cierre de la cantera en sede penal”.
Este auto es recurrible ante el propio juzgado y, en su caso, ante la Audiencia Provincial de Jaén.
La decisión de no paralizar la actividad de la cantera por la vía penal no supone el archivo de la investigación que el Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén mantiene abierta. Todo lo contrario. En el auto, el magistrado Sánchez-Gasca dice expresamente: “Entiendo que procede la continuación del proceso penal para depurar la posible existencia de los ilícitos penales denunciados”. Hay que recordar que la Fiscalía presentó una querella contra ocho personas por supuestos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio. Los investigados son los dueños de la explotación minera, los responsables de las empresas arrendatarias, el director facultativo de la cantera y un asesor técnico de Minas perteneciente a la Delegación de Economía y Empresa de la Junta de Andalucía.
La Fiscalía sostenía en su querella que la cantera carecía de licencia y, además, contravenía la normativa urbanística. Estas circunstancias, según siempre el Ministerio Público, causaron “afecciones graves al ecosistema”. La querella sostiene que la prórroga de concesión, concedida por la Junta en 2012, no cumplía los requisitos, ya que el marco legal había cambiado y ya no era posible la actividad de la cantera. Es por ello que un técnico de la Delegación está imputado en esta causa. No obstante, el juez entiende que la explotación minera “no es clandestina”. Se puede apreciar la evidente diferencia de criterio del magistrado con respecto al demostrado por la Fiscalía en esta fase inicial de la instrucción de la causa.