El fiscal pide 4 años por estafa al SAS en el “caso ambulancias”

Cuatro años y tres meses de cárcel. Esa es la condena que ha pedido la Fiscalía para Manuel Pasquau Fernández, el antiguo adjudicatario del servicio público de transporte sanitario de Jaén. Lo acusa de un delito de estafa y falsedad documental contra la administración en el denominado “caso ambulancias”. Presuntamente, a finales de 2012, este empresario presentó al cobro facturas con sellos falsos por valor de casi 750.000 euros. Pasquau siempre defendió su inocencia. De hecho, en un comunicado hecho público tras la denuncia de la Junta, a principios de 2013, se quejó de la persecución de la que estaba siendo objeto: “Nos han sometido a un proceso inquisitorio y a una caza de brujas”, aclaró en la nota. No obstante, y una vez iniciado el proceso penal contra él, el empresario ha devuelto las cantidades que se le reclaman. Por ello, el fiscal le aplica la atenuante de reparación del daño.

El escrito de acusación del Ministerio Público relata que el acusado suscribió, en junio de 2012, un contrato a precio fijo para la prestación del servicio sanitario urgente y programado en los centros sanitarios integrados en la plataforma logística de Jaén. Para cobrar por su trabajo, presentaba mensualmente diversas facturas al SAS que, previamente, endosaba a una entidad de “leasing”. Esta empresa le adelantaba el dinero a cambio de un interés. Cada una de esas facturas tenía que ir firmadas por el director económico del Complejo Hospitalario de Jaén. Hasta noviembre del año 2012, no hubo ningún problema.

El fiscal asegura que la empresa de Manuel Pasquau cobró ese mes y que, posteriormente, “con intención de obtener un lucro ilícito”, volvió a presentar más facturas por esos servicios. “Entre el 23 y el 28 de noviembre, el acusado elaboró nuevamente cuatro facturas correspondientes a los servicios prestados en el mes de noviembre de 2012 y dos más a los servicios prestados en Málaga —donde también era el concesionario—”, dice, literalmente, el escrito de acusación.

El Ministerio Público sostiene que, “para conseguir su indebido cobro”, alguien falsificó la firma del director económico del Complejo Hospitalario de Jaén: “Por persona no determinada, pero en todo caso, con conocimiento del acusado, se estampó un sello falso de toma de razón, imitándose igualmente la firma del responsable del SAS”, afirma el fiscal. El escrito de acusación añade que el acusado fue presentando esas facturas a la empresa de “leasing” entre el 23 de noviembre de 2012 hasta el 14 de enero de 2013. Según las cuentas realizadas por el fiscal, el supuesto agujero asciende a casi 750.000 euros.

Fue la propia Junta de Andalucía la que presentó una denuncia contra Pasquau Fernández. La Administración autonómica desveló entonces que sus servicios internos habían detectado “una situación anómala en la relación contractual que mantiene actualmente con la empresa”, que prestaba el servicio desde febrero de 2003. Al tener “sospecha fundada de fraude”, la Junta llevó toda la documentación al Juzgado. En abril de 2013, la Policía detuvo a Manuel Pasquau. En un comunicado emitido antes de su arresto, el empresario defendió su inocencia y denunció “un proceso inquisitorio y una caza de brujas”. El caso está pendiente de juicio.