El fiscal lleva ocho depuradoras al juzgado por no limpiar bien el agua

Ve indicios de supuestos delitos medioambientales y pide que se investigue

25 nov 2017 / 09:32 H.

La Fiscalía Provincial considera que ocho depuradoras ubicadas en seis municipios jiennenses no limpian bien el agua que filtran. Por ello, ha interpuesto las denuncias en los juzgados competentes para que se abran diligencias por supuestos delitos medioambientales. En concreto, y según confirman fuentes del Ministerio Público, las instalaciones que se van a investigar están ubicadas en Arroyo del Ojanco, Pozo Alcón, Carchelejo, Chilluévar, Pegalajar y Santiago-Pontones (Arroyico, La Matea y Barranquillo). Presuntamente, incumplen la normativa vigente y vierten a los cauces públicos agua con niveles de contaminación que sobrepasan los límites permitidos.

La medida de la Fiscalía de Jaén especializada en delitos medioambientales llega después de una denuncia presentada el pasado mes de marzo por Ecologistas en Acción ante el TSJA. El colectivo presentó un informe relativo a los años 2013, 2014 y 2015 en los que aseguraba que había más de 60 depuradoras en toda Andalucía que incumplían la normativa. Entre ellas, se contaba una docena de la provincia de Jaén. El Ministerio Público ordenó al Seprona de la Guardia Civil que tomara muestras del agua en aquellas instalaciones señaladas por Ecologistas en Acción y que comprobaran la situación administrativa de estas infraestructuras, cuyo mantenimiento y adecuación dependen de los respectivos ayuntamientos. Durante meses, los agentes han completado esas pesquisas y han entregado a la Fiscalía un exhaustivo informe en el que se detallan las supuestas irregularidades detectadas. Con esa documentación, el Ministerio Público ha enviado las denuncias en los juzgados correspondientes. En otras provincias, como Huelva, el Ministerio Público archivó las diligencias.

Así, las depuradoras de aguas residuales de Arroyo del Ojanco, Pozo Alcón, Carchelejo y Chilluévar vierten al cauce público agua que no cumple con los parámetros adecuados, es decir, o sobrepasan los límites máximos permitidos de contaminación o no alcanzan un porcentaje mínimo de reducción de residuos. Con respecto a las tres ubicadas en Santiago-Pontones, la Fiscalía indica que no consta el resultado de las analíticas efectuadas. Por último, a la instalación de Pegalajar le falta documentación relativa a las autorizaciones medioambientales, tal y como confirman las mismas fuentes.

¿Qué pasará a partir de ahora? Se abrirá una pieza judicial para cada una de estas denuncias y será un juez el que decida si las archiva o, por el contrario, las admite a trámite y ordena la realización de diligencias de investigación.

muestras. El estudio de Ecologistas en Acción tomó como base más de 12.000 muestras del trabajo que hacen estas depuradoras, tanto en grandes ciudades como en pequeños núcleos. Por otro lado, y además de las irregularidades, el colectivo señalaba que hay más de un 62 por ciento de las infraestructuras declaradas de interés por la comunidad autónoma de Andalucía en 2010 que están aún sin iniciar. Es una situación que se produce en toda la región, pero que afecta especialmente a Jaén. Los ecologistas llaman la atención sobre el hecho de que las aguas que usa uno 20 por ciento de la población no son tratadas porque no se han construido las depuradoras que deberían estar en marcha desde hace años para cumplir con la ley. Este problema perjudica en la provincia a más de 200.000 personas.

Archivadas las diligencias por estafa en el cobro de la tasa de depuración

Además de las deficiencias de depuración, el informe de Ecologistas en Acción hacía referencia a un segundo aspecto. Pidió a la Fiscalía que se investigara un posible delito de estafa en el cobro de la tasa de depuración en aquellos municipios que incumplían la normativa en esta materia. En este caso, el Ministerio Público ha decidido archivar las diligencias que tenía abiertas, al entender que los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna. Ecologistas en Acción entendía que las cantidades que se recaudaban con ese impuestos no se destinaban al fin específico de depurar el agua y, por lo tanto, era un fraude. El criterio de la Fiscalía Provincial es diferente: sostiene que la tasa sirve para sostener todo el proceso del ciclo integral del agua. Por ello, archiva esta parte de la denuncia. Sí ha pedido a los tribunales que sigan investigando el vertido de las aguas residuales urbanas a cauce público sin la debida depuración “de forma continua, dolosa y haciendo caso omiso a los continuos requerimientos de la Administración competente”.