El expresidente de la Fundación Vera Cruz niega irregularidades

El que fuera presidente de la Fundación Vera Cruz, José Manuel R. P., su esposa y una de sus hijas, declararon ayer como investigados ante el juez Miguel Sánchez-Gasca por las supuestas irregularidades contables y financieras detectas en la entidad canónica. Tocaba dar explicaciones a su señoría como imputados por cuatro delitos: apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y contra la Seguridad Social. Y como era de esperar, los tres investigadores negaron todos los cargos y defendieron la legalidad de su actuación al frente de esta institución canónica, que tiene como objetivo la gestión del colegio concertado Miguel Castillejo. Durante las casi dos horas que duró el interrogatorio, José Manuel R. P. rechazó haber contratado de forma fraudulenta en el centro educativo que dirigía a familiares, entre ellos a su mujer y su hija. En concreto, las investigaciones de la Guardia Civil pusieron de manifiesto que la esposa fue dada de alta como técnica de administración en el año 2001 y que, presuntamente, no trabajaba en la práctica. En teoría perteneció a la plantilla durante casi 18 años, en los que percibió 397.000 euros, según se desprende de los cálculos de los investigadores. Ayer, ante el magistrado Miguel Sánchez-Gasca, el expresidente de la Fundación Vera Cruz argumentó que su esposa hacía desde casa las funciones para las que había sido contratada y que, por lo tanto, no era necesario que acudiera al centro educativo, según explican las fuentes judiciales consultadas. La mujer, que también declaró ayer como imputada por estos hechos, ofreció explicaciones similares. Una de las cuestiones que le plantearon fue su formación académica para desempeeñar las funciones de administración para las que fue contratada. Dijo que estudio hasta la EGB, según aseguran las fuentes consultadas.

El terremoto de la Fundación Vera Cruz se desató el pasado mes de julio. El Obispado destituyó a la dirección de esta institución canónica, creada en 1999 para la puesta en marcha del colegio concertado Miguel Castillejo. La decisión se produjo a raíz de las supuestas irregularidades contables y financieras detectadas. Tras el cese fulminante, los nuevos responsables de la entidad presentaron una querella ante la Guardia Civil, que abrió una investigación, denominada “Tripalio”.

En el marco de las pesquisas, los agentes pusieron de manifiesto la existencia de contratos considerados sospechosos. En concreto, figuraban como empleados del colegio la esposa de José Manuel R. P. y su hija. Posteriormente, también se descubrió que otros parientes también habían sido dados de alta en el colegio. Para los investigadores, se trata de “contratos instrumentales” para que esas personas pudieran acceder a prestaciones. El informe de la Guardia Civil también puso de manifiesto otras supuestas irregularidades contables, como el hecho de que había determinadas actividades extraescolares que no figuraban en la contabilidad oficial: uniformes, deportes, el comedor, las clases de apoyo y refuerzo, la formación externa, los viajes o la compra de libros de texto, entre otros. El expresidente aseguró al juez que no tenía control sobre ese dinero y que lo cobraban terceras personas. Diario JAÉN intentó ayer, sin éxito, recabar la versión oficial de la defensa de los procesados.