El expresidente de la Cámara, investigado

La investigación judicial sobre las supuestas irregularidades económicas denunciadas por la Junta de Andalucía en las cuentas de la Cámara de Comercio da su primer paso importante. El juez del caso, Miguel Sánchez Gasga, acaba de llamar en calidad de investigados al anterior presidente de la entidad cameral, Luis Carlos García, así como al extesorero, el empresario Bartolomé González. Ambos están citados para declarar el próximo lunes en el Juzgado de Instrucción número 3. También será interrogado como investigado el abogado particular de García. Tendrán que responder por delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y prevaricación, tal y como consta en el auto al que ha tenido acceso Diario JAÉN.

La investigación judicial comenzó después de que la Junta de Andalucía, que asumió la tutela de la Cámara, encargara a una empresa externa la realización de una auditoría. El informe reveló “una pésima gestión”, con cuentas “dudosas” y falta de claridad en algunas facturas. La Administración autonómica lo puso en manos de la Fiscalía que, a su vez, lo remitió al Juzgado, al entender que había indicios de delito. Durante casi un año, la instrucción estuvo parada. Fue reactivada por el magistrado Sánchez Gasca nada más tomar posesión de su cargo. Lo primero que hizo fue encargar un informe a la Policía Judicial. Después, tomó declaración como testigo al economista que redactó el informe.

Y, raíz de ambas diligencias, ha decidido dar el paso de investigar a los dos exdirectivos de la Cámara de Comercio, así como al letrado de Luis Carlos García. En el auto, el juez habla de que se aprecian “posibles irregularidades que podrían constituir ilícitos penales”: Así, describe la posible apropiación de dinero de la institución “mediante el sistema de utilización de la tarjetas bancarias”. También describe la existencia de determinadas partidas reflejadas en el libro mayor, “en las que se han hecho cargos que no están justificados”.

Los auditores de la Junta detectaron facturas sospechosas, como una que fue anulada por no haberse autorizado en su momento pero que aparece después con el “concepto cambiado” o recibos en los que no se ha podido obtener “evidencia de la adecuada prestación”. Y, por último, el juez explica que la Cámara contrató a “familiares y empresas vinculadas” con los directivos, entre ellos el letrado particular del expresidente. Tanto Luis Carlos García como Bartolomé González declinaron hacer declaraciones antes de ser interrogados por el juez.