El “deficiente” servicio puede costar a FCC 332.001,6 euros
Un informe detecta que el contrato con el Ayuntamiento se incumplió en 14 ocasiones
Ni los más veteranos del número 1 de la Plaza de Santa María tienen en mente la apertura de un expediente sancionador a una de las contratistas municipales como el que está en marcha contra Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). De hecho, la multinacional se puede considerar la primera “víctima” de la Oficina de Control de Empresas Concesionarias, un área con el que la Concejalía de Hacienda y Contratación quiere fiscalizar los acuerdos suscritos entre la Administración local y las sociedades que se hacen cargo de prestaciones básicas para los ciudadanos. Este departamento municipal trasladó al Gobierno local un informe, elaborado a lo largo de seis meses y concluido el pasado 5 de diciembre, en el que detecta que, hasta en 14 ocasiones, FCC incumplió los compromisos alcanzados cuando hace un año renovó con el Ayuntamiento para hacerse cargo de la limpieza vial y la recogida de basura, un trato que se cerró a razón de 13,2 millones por ejercicio y por 12 años, prorrogables a 20. Por cada uno de estos deslices se impone una multa de 23.700,40 euros como máximo, en total, 332.001,6.
Aunque, según las fuentes municipales, este proceso va “muy en serio”, la compañía no tiene necesariamente que abonar el conjunto de las penalidades contempladas, ya que podrá presentar alegaciones. Los pasos, una vez concluida la investigación, son los siguientes: el expediente sancionador está en manos de todos los grupos municipales y los tres ediles no adscritos para su posterior debate en la comisión de Recursos Humanos, Hacienda y Economía, paso previo a que se eleve al pleno previsto para el 30 de enero.
¿Qué es lo que se afea a FCC? Son “muchas pequeñas cosas” que se detallan a lo largo de una veintena de páginas, conforme a las notificaciones recibidas de técnicos de la casa, agentes de la Policía Local, a la que se pidió que diera parte de posibles infracciones de FCC y otros medios, como grupos de mensajería instantánea. De esta forma, se recopilaron situaciones como no adecentar de forma adecuada el entorno de las zonas de hostelería, tardar más de doce horas en vaciar una papelera o que estas carecieran de las correspondientes bolsas, el incumplimiento de la promesa de realizar un seguimiento por GPS del servicio de recogida de basura o que se baldearan las calles a las diez de la mañana, cuando más gente las transitaba, con el consiguiente peligro para la integridad de las personas, expuestas a sufrir un resbalón e, incluso, el retraso en la construcción del centro para perros abandonados.
Las penalidades —así se denominan en el contrato a las posibles sanciones económicas— a las que se enfrenta la empresa son un reflejo de las tensiones que generó la renovación del contrato con FCC. Y es que, de forma anónima y también por medio de las asociaciones de vecinos, fueron cientos las quejas trasladadas al Ayuntamiento o difundidas por las redes sociales “por una ciudad que estaba más sucia que nunca”.
La labor de la oficina que vigila las concesionarias no se queda en FCC, puesto que también planteó sanciones al centro deportivo de La Victoria, por no abonar la tasa de ocupación de la vía pública que le corresponde, e investiga si Aqualia, que tiene encomendado el abastecimiento de agua, y está en mente revisar si la unión temporal de empresa encargada de las fuentes, las luminarias y los semáforos es escrupulosa con el contrato firmado.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de Andalucía que, por cuarta vez, declarada el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) nulo de pleno derecho fue notificada ayer al Ayuntamiento. Fuentes municipales explican que los servicios jurídicos de la casa ya estudian el fallo, que adelantó Diario JAÉN en su edición de ayer, con la idea más que probable de volver a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el único resquicio legal que le queda al Gobierno local para tratar de salvar el PGOU. Ecologistas en Acción, que fue la organización que recurrió el documento, aprobado en 2014 y que no entró en vigor hasta 2016, apunta en un comunicado que, desde hace años, denuncia las deficiencias en la evaluación ambiental de los planes urbanísticos, en referencia al motivo que echa para atrás el PGOU jiennense, que carece de la Evaluación Ambiental Estratégica, que reclama la legislación europea y española y de la que carece la norma autonómica. Por su parte, el secretario general del PSOE y candidato a la Alcaldía, Julio Millán, considera que, a raíz del último fallo en contra, el “PGOU está abocado a su nulidad” y reclama al Gobierno local que comience a trabajar en un nuevo documento para así “generar estabilidad y confianza”. Para Millán, la estrategia municipal de recurrir y elevar la causa al Tribunal Supremo es “una dinámica cortoplacista” que implica, en sus palabras, “pan para hoy y hambre para mañana”, ya que, considera, “solo atiende al interés particular del PP y del alcalde, Javier Márquez”. Millán recordó que tanto el Colegio de Arquitectos como el de Aparejadores y la Federación de Constructores plantearon al Gobierno local la necesidad de trabajar en un nuevo documento, pero, en su opinión, Márquez “sigue sin escuchar a nadie”.