El cese de la dirección de la Fundación Vera Cruz no afectará al colegio
Educación afirma que no le compete la gestión económica
La decisión del Obispado de destituir a la dirección de la Fundación Vera Cruz por posibles irregularidades en la gestión económica de la entidad tiene una consecuencia colateral evidente: el colegio concertado Monseñor Miguel Castillejo, con sus 680 alumnos y los más de 50 profesores en plantilla. Mientras la Guardia Civil y la Justicia examinan con lupa las cuentas aportadas por los anteriores responsables, los nuevos patronos trabajan con el objetivo de arrancar el próximo curso con total normalidad. “No va a haber ningún problema con eso. El colegio tiene su propia autonomía”, explica Eduardo López Aranda, el nuevo presidente de la Fundación Vera Cruz. En la misma línea se expresa el director del centro educativo, Tomás Cuesta: “El equipo de profesores se está preparando con la misma ilusión de siempre, con nuevos proyectos y con el apoyo de las familias que confían en nosotros”, aclara.
Los nuevos responsables de la institución canónica quieren ver cuál es el estado de la contabilidad: “Hemos recibido mucha documentación, que estamos analizando. El expediente es muy voluminoso. Lo que queremos es que se haga una auditoría cuanto antes”, explica Eduardo López Aranda, que fue el encargado de acudir a la Guardia Civil el pasado viernes para interponer la correspondiente denuncia por si las supuestas irregularidades contables detectadas fueran constitutivas de delito. El principal señalado es el anterior presidente de la institución, José Manuel R. P., que, al parecer, llevaba varios años sin celebrar reuniones ni dar cuentas de su gestión.
Los nuevos patronos, además, trabajan en otra dirección: renegociar la deuda con CajaSur BBK. La entidad financiera concedió, a mediados de los años noventa, préstamos por valor de unos 5 millones de euros para la construcción del centro educativo. Prácticamente no se ha pagado nada de esa cantidad. Esa es una de las supuestas irregularidades denunciadas ante la Guardia Civil: “A día de hoy es nuestra principal preocupación. Pensamos que el banco no pondrá problemas a la hora de negociar. Nuestra predisposición es total para pagar desde el primer momento y pensamos que podemos generar los recursos necesarios para ello”, aclara López Aranda. Los nuevos patronos, que no van a cobrar por desempeñar su labor, destacan que la Fundación ahorrará “unos 100.000 euros” solo en los sueldos que se pagaban a algunos de los anteriores responsables.
Por otro lado, la Delegación de Educación explica que no tiene competencia “ni inspectora ni aprobatoria” con respecto a la gestión económica o la contabilidad del centro. “Desde el punto de vista académico, no nos consta ninguna incidencia en el colegio. A día de hoy, la normalidad es absoluta”, asegura la máxima responsable del área, Yolanda Caballero.
Los nuevos responsables de la Fundación Vera Cruz acudieron a la Comandancia para poner en conocimiento de la Guardia Civil las supuestas irregularidades económicas y financieras detectadas en la gestión de la institución canónica. Los agentes han abierto una investigación y han puesto en marcha una serie de diligencias, según confirman las fuentes consultadas. De momento, se está analizando la documentación aportada y ya se han encontrado “indicios” de la comisión de posibles delitos. Esta misma semana, los investigadores entregarán un informe al Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén. Su titular, el magistrado Miguel Sánchez-Gasca, deberá decidir si hay caso judicial y sigue adelante con el procedimiento o si, por el contrario, lo archiva. El principal señalado es el anterior presidente de la Fundación, José Manuel R. P., que, a la sazón, también ejercía como gerente.
origen. El Obispado, de quien depende la Fundación Vera Cruz, abrió un proceso de inspección hace unos meses y requirió al anterior presidente, José Manuel R. P., un informe sobre la situación de la institución canónica.
problema. La documentación entregada por el anterior responsable estaba “incompleta” y presentaba muchas lagunas. Una vez analizada, el Obispado detectó supuestas irregularidades contables y financieras y dictó un decreto para cesar a los patronos.
contabilidad. Según consta en la denuncia, todos los ingresos obtenidos de las actividades extraescolares estaban “fuera” de la contabilidad oficial de la Fundación. También se reflejan contratos “sospechosos” y falta de documentación.
reuniones. El anterior presidente llevaba sin convocar a los demás miembros del Patronato más de una década. Durante ese periodo, tampoco había rendido cuentas al Obispado. Los patronos exigieron al presidente que los exculpara por escrito de cualquier responsabilidad en la gestión.