El Ayuntamiento readmitirá a las cuatro becarias de Turismo

Hay un compromiso que el equipo de Gobierno renueva con el Ministerio de Hacienda en cada vuelta de tuerca que se le da al plan de ajuste derivado de los planes de pago a proveedores: la reducción de un 5% anual de la plantilla, que, en estos momentos, ronda los 1.430 empleados. Es un mandamiento. Sin embargo, en la disyuntiva ante la que, el pasado mes de diciembre, el Juzgado de lo Social número 2 de Jaén situó al Ayuntamiento, al fallar a favor de las cuatro mujeres que habían sido utilizadas, durante 2 años, como personal laboral cuando su contrato solo era de becarias, el equipo de Gobierno del PP ha decidido optar por la readmisión. Tenía esta opción o indemnizarlas con 5.509,02 euros a cada una por despido improcedente. Y, aunque, hace tres semanas, la entidad local recurrió la resolución judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el concejal de Personal, Miguel Contreras, confirmó ayer a este periódico: “Dado que la sentencia no era nada clara en las condiciones de readmisión y que la aclaración solicitada no ha resuelto ninguna de las dudas, hemos decidido hacerles una propuesta de readmisión en unas condiciones que ellas han aceptado.

¿Cuáles son esas condiciones? El responsable de los Recursos Humanos del Ayuntamiento solo subrayó que se opta por la readmisión porque “son totalmente necesarias para poder seguir prestando servicios en materia de Turismo”. E insistió, ante la prescripción que obliga al recorte anual de la plantilla en un 5%: “También tenemos que seguir prestando servicios”. Ahora, la Administración local deberá crear estas cuatro plazas e incluirlas en la plantilla presupuestaria, y procederá a la contratación de las cuatro mujeres una vez que se apruebe el presupuesto de 2017.

El Juzgado de lo Social número 2 de Jaén condenó, a finales de diciembre, al Ayuntamiento por utilizar becarias en el Patronato de Cultura y Turismo en trabajos que “tendrían que ser realizados por personal laboral” y, además, sin recibir la formación necesaria para ello. Según quedó probado, desarrollaban tareas propias de funcionarios del grupo A2, remuneradas con salarios de 2.500 euros brutos al mes, pero, debido a que tenían contratos de becarias, solo ganaban 609,12 euros mensuales. Esas tareas contemplaron desde la elaboración de carteles y folletos sobre visitas guiadas, a la vigilancia en salas de exposiciones, la traducción de textos e, incluso, la participación en ferias turísticas, como Intur y Tierra Adentro.

Estuvieron así dos años, desde el 1 de julio de 2014, cuando fueron contratadas, hasta el 30 de junio de 2016, cuando se las despidió sin compensación alguna, por lo que acudieron a los tribunales. La sentencia condenatoria dio argumentos a la oposición para denunciar el “descontrol” en el que, según el PSOE, están sumidos los recursos humanos municipales. En un comunicado, entonces, el concejal socialista Carlos Alberca señaló que el fallo ponía de manifiesto la —en su opinión— urgencia con la que el equipo de Gobierno local debe acometer la reorganización del personal del Ayuntamiento, “no solo por la optimización de su trabajo y por el ahorro para las arcas municipales, sino por el bien de muchos empleados, que se encuentran sin una regulación actualizada a las atribuciones que los ayuntamientos han ido recibiendo a lo largo de los años y no tienen ni siquiera posibilidad de movilidad”.