El alcalde de Marmolejo, en el banquillo por prevaricación

Manuel Lozano Garrido, el alcalde socialista de Marmolejo, se sienta hoy en el banquillo del Penal número 1 para responder por un delito de prevaricación urbanística en el conocido como caso “Tanatorio”. Se le acusa de conceder una licencia para la construcción de esta infraestructura a sabiendas de que no se podía otorgar y en contra de las advertencias de la Junta. El fiscal reclama una condena de ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público. También será juzgado un aparejador por los mismos hechos. El juicio, lógicamente, tiene su vertiente política. Hay que recordar que, tras conocerse la apertura de juicio oral el pasado mes de septiembre, Manuel Lozano pidió a la dirección regional y federal del PSOE que no se le aplicara el código ético de su formación. En esas normas se establece literalmente lo siguiente: “Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cauterlamente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”. Manuel Lozano ganó las elecciones municipales del año 2015 con una amplísima mayoría absoluta.

Los hechos por los que será juzgado se remontan al año 2005, cuando el hoy alcalde era concejal de Urbanismo. El 13 de octubre, la mercantil PMC Servicios solicitó al Ayuntamiento una licencia de obras para la construcción de un tanatorio en el municipio. En concreto, en una parcela de 2.500 metros del polígono industrial que era no urbanizable. Según el fiscal, la extensión mínima de la parcela para poder edificar debía ser 5.000 metros cuadrados. Por ello, el Ministerio Público asegura que el concejal y el técnico informante debían haber rechazado la autorización o, por el contrario, modificar las normas subsidiarias del municipio.

No obstante, presuntamente, dieron vía verde a la tramitación de la licencia y ordenaron recabar el preceptivo informe de la Consejería de Obras Públicas. En enero de 2016, la Junta advirtió que se incumplían “los parámetros marcados” en la norma urbanística, referente a la parcela mínima. También hizo referencia a que el expediente estaba incompleto y a que faltaban otros permisos, entre ellos, el de la Confederación.

“El acusado Manuel Lozano hizo caso omiso a lo indicado por la Administración”, dice el fiscal. De hecho, el proyecto fue aprobado por el pleno en enero de 2006.

Curiosamente, el aparejador acusado, según siempre el fiscal, llevó a cabo la ejecución de las obras por cuenta de la mercantil y suscribió el certificado final. En noviembre, el concejal de Urbanismo concedió la licencia de actividad, “a pesar de que seguía siendo incompatible y no autorizable”.

El caso llegó a los tribunales por la denuncia presentada por el propio Ayuntamiento después del cambio político registrado en 2011, cuando un pacto de PP e IU desbancó de la Alcaldía al PSOE.