El joven vecino de Jaén, de 22 años, J.F.J., acusado de controlar a su novia por un sistema espía en el móvil ha asegurado en el juicio celebrado este lunes que lo hizo por “sobreprotegerla” ya que “tenía miedo de que le pasara algo”.

J.F.J. se enfrenta a siete años de prisión que es lo que le pide tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular por controlar a su novia a la que regaló un móvil con un programa espía instalado que le permitía acceder en todo momento a su ubicación, así como a todo el contenido de su dispositivo telefónico incluidas las contraseñas.

En concreto, se le acusa de un delito contra la intimidad de descubrimiento de secretos, tres delitos de coacciones y una falta de vejaciones injustas.

El acusado ha indicado que instaló el programa en el móvil porque su pareja estaba recibiendo “amenazas de violación y muerte” y “ella no quería denunciar por miedo”. Ha declarado que el programa espía lo tenía previamente instalado en el móvil porque él también había recibido amenazas y lo había usado anteriormente. Ha añadido que no le regaló el teléfono sino que fue un préstamo para que hiciera uso de él, aunque no le dijo que tuviera instalado dicho programa con el que se permitía monitorizar el terminal durante las 24 horas del día.

J.F.J. ha definido su relación de pareja como “buena”, “normal” y “totalmente liberal”, al tiempo que ha rechazado haber coaccionado o intimidado a su pareja durante los nueves meses en los que mantuvieron la relación.

Según el escrito de calificación provisional mantenido por el Ministerio Fiscal, el joven es “celoso, posesivo y manipulador”. Comenzó a salir con la joven con la que mantuvo una relación desde octubre de 2014 a julio de 2015. Durante este tiempo, sostiene la Fiscalía, “ha humillado y vejado, así como controlado y aislado a su pareja”.

A tal punto llegó su deseo de control que “para conseguir su propósito de saber siempre dónde estaba, qué iba a hacer y con quién y de qué hablaba, le instaló un sistema espía en el móvil que le regaló”. Dicho programa le daba acceso a todo el contenido del móvil, desde las conversaciones telefónicas que podía grabar, sus mensajes de correo y whatsapp, hasta fotos, ubicación y contraseñas.

Tal fue la situación de control que la joven pareja llegó a sospechar de que en todo momento el acusado conociera cada uno de sus pasos. La relación, según Fiscalía, llegó a ser “insoportable” aunque cada vez que la joven intentaba romper, J.F.J. le pedía perdón y la amenazaba con suicidarse si ella le abandonaba.

Finalmente, en julio de 2015 la joven se dio cuenta de que tenía instalado un sistema espía en el móvil y optó por acabar con la relación. Días después de haber roto, según el Ministerio Público, el acusado comenzó a amenazarla para que le entregara el teléfono móvil.

La Fiscalía califica todos estos hechos como un delito contra la intimidad por revelación de secretos y por el que le reclama cuatro años de cárcel. Además, le pide otros tres años de prisión por los tres delitos de coacciones, y medidas de alejamiento por la falta de vejaciones injustas.

En este último aspecto, desde Fiscalía se reclama que se imponga al acusado la prohibición durante ocho años y medio de comunicarse por cualquier medio o aproximarse a la víctima a menor de 500 metros.

Según la fiscal presente en el juicio, el acusado en ningún momento informó a su pareja de la instalación de dicho programa ni mucho menos le pidió su consentimiento por lo que eso implicó “darle una patada a la intimidad de la joven”.

La joven y supuesta víctima ha declarado por videoconferencia y ha señalado que se enteró por una pareja de amigos que tenía el móvil ‘pinchado’ ya que el acusado se le comentó a uno de ellos. Ha defendido que el móvil fue un regalo y que desconocía que tuviera instalado dicho programa. Ha admitido que recibió amenazas de una tercera persona, pero ella no le dio importancia porque se trataba de una persona que “no estaba bien” y además vivía fuera de Jaén.

La defensa, que ha intentado sin éxito que se declare nulo todo el procedimiento, ha pedido que se tenga en cuenta que el acusado no tiene ningún tipo de antecedentes y que el castigo que se merece “ya lo tiene y es de índole moral”, pero que no debe ser penal ya que su condena supondría su ingreso en prisión una vez que la pena mínima por el delito contra la intimidad de descubrimiento de secretos es de dos años y medio de prisión. Asimismo, ha rechazado que hayan existido coacciones o amenazas hacía su expareja.

El caso ha quedado visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 4 de Jaén.