Directivos de un banco niegan que alterasen una subasta

Ocho directivos de Ibercaja Banco se sentaron ayer en el banquillo del Penal número 3. Están acusados de un delito muy poco común: alteración de precios en subasta pública. Presuntamente, los procesados urdieron un plan para quedarse, “por un valor notablemente inferior”, con dos inmuebles de Linares que fueron subastados en un procedimiento de ejecución hipotecaria. Según el fiscal, al saber que no habría postores, establecieron una estrategia para que concurrieran a la puja la propia Ibercaja y una empresa filial, IC Inmuebles. Ambas presentaron ofertas muy por debajo del valor de tasación de cada una de las fincas, que era de más de un millón de euros. Finalmente, la entidad financiera se adjudicó los inmuebles por 182.000 y 186.000 euros, respectivamente. “Yo lo vi ridículo e irrisorio y, por eso, denuncié”, explicó el dueño de los terrenos, un promotor y constructor cordobés: “A ese precio yo también hubiera presentado una oferta”, añadió.

Los ocho directivos —todos miembros de la Comisión de Inmovilizado de Ibercaja— negaron ese supuesto plan para alterar el precio. Coincidieron en afirmar que ellos formaban parte de un comité técnico que aplicaba el protocolo que les imponía la entidad para todos los casos. Y agregaron que después eran los servicios jurídicos los que presentaban las pujas a los que ellos habían dado el visto bueno. En este sentido, aclararon que las ofertas por el bien que se subastaba eran siempre del 80 por ciento del valor actualizado de mercado. En el caso de las fincas de Linares, ese porcentaje no se cumplía, tal y como les hizo ver la fiscal Francisca Valenzuela: “Cada una de las fincas estaba valorada en más de un millón de euros y ustedes propusieron una puja por poco más de 180.000 euros”, les recordó la representante del Ministerio Público.

La respuesta de los acusados fue unánime. Trataron de explicar que el protocolo exigía la realización de una nueva tasación para establecer el valor de mercado en el momento en que se iba a realizar la subasta y no cuando se concedió el crédito. “Inicialmente, las fincas se valoraron en más de un millón de euros porque iban a estar construidas. Como no se pudo hacer nada, su tasación bajó”, explicó uno de los acusados.

Todos los procesados, además, repitieron que tenían plena confianza en los servicios jurídicos, que es el órgano de Ibercaja que les daba los expedientes con las subastas, y que no tenían intención de alterar los precios de la subasta. La Fiscalía solicita, inicialmente, dos años de cárcel para cada uno de los ocho directivos de la entidad.