Diez sanciones cada día por consumir droga en la vía pública

Consumir droga en un espacio público no es delito, pero sí es una falta administrativa que conlleva una multa. El pasado año, la Policía Nacional y la Guardia Civil “cazaron” a 3.844 personas en la provincia que estaban tomando algún tipo de sustancia estupefaciente en la calle o en establecimientos abiertos al público. La cifra supone una media de más diez actas de infracción diarias, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno de Jaén. Los datos son muy similares a los registrados en ejercicios anteriores y ponen de manifiesto que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no bajan la guardia.

El hachís es la droga más consumida, porque los jóvenes creen que por fumarse un porro “no pasa nada”: “La han incorporado como algo normal en su forma de divertirse”, asegura un agente con muchos años de experiencia en la calle. Además, es la más barata: el gramo de “chocolate” sale a 4,6 euros. Según el informe elaborado por el Observatorio de Drogas para Andalucía, la segunda sustancia más consumida, la cocaína, ronda, de media, los 60,7 euros el gramo.

Cuando la Policía y la Guardia Civil cogen a una persona consumiendo en la vía pública, se le abre un acta de infracción administrativa, que es remitida a la Subdelegación del Gobierno y que conlleva una sanción económica. La multa mínima son 601 euros, tal y como se estableció con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana en julio de 2015. Esa cantidad se impone siempre y cuando sea la primera vez y no concurran otras circunstancias agravantes. Si esto sucede, la multa subirá a una horquilla entre 10.401 y 20.200 euros. Para ello basta con que ser reincidente (varias sanciones en plazo de dos años) o el consumidor utilice la violencia o la amenaza, use a menores de edad para cometer la infracción o dificulte a la Policía su identificación.

Hacienda es la responsable del cobro de sanciones por consumo de estupefacientes en la vía pública, que siempre se puede hacer en dos plazos. Si se hace una sencilla multiplicación, se podrá comprobar que el Estado recaudó en la provincia en el año 2018 más de 2,3 millones de euros provenientes de estas actas de infracción. El cálculo está hecho sobre la cantidad de dinero mínima que supone este tipo de multas, es decir, los 601 euros. Anteriormente, se podía sustituir la sanción si el infractor se sometía a un tratamiento de desintoxicación.