Diez acusados por una red de papeles falsos a inmigrantes

Hace ahora un año, la Policía concluía la fase final de la operación “Coupé”. Tras meses investigaciones, los agentes de la Brigada de Extranjería dieron por desarticulada una organización que, presuntamente, se dedicaba a vender papeles a inmigrantes. En concreto, la red facilitaba a ciudadanos marroquíes y argelinos la documentación necesaria para hacerlos pasar por saharauis de origen. De esta forma, podían conseguir mucho más fácilmente el permiso de residencia al que tienen derecho quienes nacieron en la antigua colonia española o son hijos de alguien que nació allí. Entonces, se produjeron 24 detenciones.

Ahora, el fiscal acaba de presentar cargos contra diez de los arrestados, a los que acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Como condena, reclama que pasen seis años y medio entre rejas, uno de los castigos más altos solicitados en la provincia por hechos similares.

El escrito de acusación del Ministerio Público explica que los procesados formaban parte de una organización que se dedicaba a vender papeles falsos a inmigrantes del norte de África. Según la Fiscalía, las víctimas llegaban a pagar cantidades de hasta 7.000 euros para que les tramitarán la documentación. Presuntamente, cada uno de los procesados tenía una función específica. Había captadores, es decir, personas que se encargaban de contactar con las víctimas en España, en Francia e, incluso, en Marruecos. Otros, según el fiscal, se dedicaban a la recogida y al transporte de los inmigrantes desde sus lugares de origen hasta Jaén. Aquí, eran empadronados de forma masiva en domicilios de la capital, Baeza, La Carolina y Porcuna. Y, por último, había “conseguidores”, personas con los contactos y los medios para tener acceso a documentación saharaui falsificada. Muchos de esos papeles los encontró la Policía en los registros efectuados en los domicilios de los procesados. De hecho, constituye una de las principales pruebas de cargo que tiene la Fiscalía para acusar a las diez personas que se sentarán en el banquillo de la Audiencia. La otra es el testimonio de un testigo protegido que, durante la instrucción de la causa, ya declaró cómo tuvo que desembolsar los ahorros de toda una vida para conseguir los papeles que, después, se descubrieron falsos.

La investigación comenzó después de que la Oficina de Extranjería de Jaén detectase un incremento de las solicitudes de permiso de residencia presentadas por ciudadanos saharahuis y que se apoyaban en documentación sospechosa. La Policía de Jaén abrió diligencias y, ante la magnitud de la trama, pidió ayuda a la Unidad Especializada contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif). Fueron estos agentes, desplazados expresamente desde Madrid, los que realizaron las detenciones en la capital jiennense. El Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén vio indicios de delito en la intervención de diez de los veinticuatro arrestados y dictó auto de procesamiento contra ellos. Ahora, la Fiscalía ya los ha acusado formalmente.