Demanda por incumplir promesas

Ya es una realidad. El recurso que el Grupo 1060-José Antonio de Las Protegidas interpuso, a principios de febrero del año pasado, en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para reclamar a la Administración autonómica la rehabilitación integral de los bloques a la que se comprometió en el año 2009 ya tiene forma de demanda. Ahora, la Junta tiene un plazo de 20 días hábiles, “que ya está corriendo” —apuntó el abogado de la parte denunciante, Rafael Molina—, para contestar a los argumentos de la comunidad.

A pesar de los varapalos judiciales que encadenó durante cerca de una década contra la catalogación de las viviendas, el grupo que preside Juan José de la Torre volvió a recurrir a la Justicia el año pasado ante el incumplimiento de los compromisos que la Consejería de Vivienda plasmó en una orden de ayudas, en febrero de 2009, y el progresivo deterioro de las zonas comunes. Se encuentran en una situación “preocupante”, fruto de “patologías estructurales”.

Aunque estaba lejos de la rehabilitación integral prometida, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció, el año pasado, en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvo con el alcalde, Javier Márquez, en el Ayuntamiento, la posibilidad de aplicar a Las Protegidas la solución que se ha dado a la última fase de las obras de la barriada de Santa Adela, en la capital granadina: una rehabilitación a cuatro bandas entre el Estado, la Junta, el Ayuntamiento y los propios vecinos. En un principio, los propietarios no lo vieron mal e, incluso, se dijeron dispuestos a asumir incluso la parte municipal, pero el Gobierno local aclaró que las competencias en materia de rehabilitación edificatoria le corresponden a la Administración regional y se opuso rotundamente.

“Nos pilló de primos”, dice ahora con la perspectiva que da el tiempo el presidente del Grupo 1060-José Antonio, que acusa a la Junta de “no cumplir sus promesas y tratar de enmierdar a todo el mundo”. De la Torre arremete especialmente contra el Ejecutivo andaluz, pero la decepción que sienten los vecinos abarca “a todas las administraciones, porque ninguna toma realmente la iniciativa —“ni la Junta, ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno”— “para solucionar un problema real que afecta a Jaén y a ciudadanos de Jaén”. “Todavía estamos esperando a que, desde Fomento (Felipe López), nos citen en firme para buscar una solución y sentarnos todos en una mesa. ¿Para qué hace declaraciones Felipe López sobre Las Protegidas, ofreciendo una solución como la de Santa Adela si, luego, ni nos llama él, ni Valdivielso ni nadie?”, pregunta el presidente de la comunidad de propietarios, que vaticina: “Al final, terminarán desalojando a familias por la falta de iniciativa de unos y otros. Tenemos políticos que usan la política para sus propios intereses, pero no para servir al pueblo. No hablo de ningún color —aclara—. La sensación que tiene la comunidad es de que ni unos ni otros de verdad cogen el toro por los cuernos”.

También existía la posibilidad de que la comunidad se hubiera acogido a la línea de subvenciones destinada a la rehabilitación edificatoria que la Junta de Andalucía puso en marcha en 2015 y en 2016. En 2015, el grupo la rechazó porque las ayudas están a años luz de los 6 millones de euros que se le prometió al barrio para cada manzana y las solicitudes se someten a régimen de concurrencia competitiva. En 2016 ni siquiera hizo el intento de solicitar la subvención. Ambiciona el 100%. Ni más ni menos que lo que se le garantizó en una orden de ayudas específica firmada por el hoy alcalde de Sevilla, Juan Espadas, entonces, consejero de Vivienda. Y no se quedará ahí. Una vez que se dirima el procedimiento administrativo, anuncia que demandará a las personas físicas “responsables” de que no se haya llevado a cabo.