Coto al incivismo

En la esquina de Miguel Castillejo con la calle Galicia, a la sombra que dan las 101 viviendas, el propietario de uno de estos pisos de VPO de titularidad de la Junta pide, quedo, al delegado de Fomento y Vivienda: “Si pudieras encontrarnos otro piso...”. Lleva la súplica en la mirada. Es uno de los 66 propietarios (un 72,5% del total) que viven legalmente en estos inmuebles. Y ni él, ni su mujer aguantan más los “problemas de convivencia” y el incivismo que ha cubierto de basura las zonas comunes. Las ha dejado sin luz, ha arrancado losetas de las escaleras y, desde “hace 5 años”, dejó sin uso los ascensores por el robo del cableado, dibujando, especialmente en los bloques B y C, un paisaje de ladrillo, hormigón y cristales destrozados que recuerda al que ciertas películas americanas pintan del sureste del Bronx. “Estoy loca por irme —confiesa la esposa—, lo que pasa es que no puedo”. “¡No queremos vivir con salvajes!”, añade, con un desespero en la voz que Rafael Valdivielso intenta calmar con la promesa de las obras que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) espera licitar antes de verano para que los trabajos puedan comenzar “en septiembre”.

Extendiendo el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) con el que ha sido declarado El Valle hasta esta zona del Bulevar, las 101 viviendas serán objeto de un Plan de Gestión con el que la Junta pretende “erradicar” los focos de conflictividad identificados en los bloques —el delegado los reduce a entre “5 y 7 familias”— y reeducar a los vecinos en el significado de la palabra “comunidad”. “Vamos a rehabilitar, pero hay que inculcarles que ‘mamá’ Junta no puede pagarles un mantenimiento que les corresponde a ellos”, subraya Valdivielso, que, en esta nueva etapa como delegado, se ha marcado devolver “la normalidad” a estos bloques y a sus habitantes.

“Hay bastantes ocupantes que reclaman que se regularice la situación”, sostiene la trabajadora social Puri Cano. Para ello, guiada por pautas conductistas, la Administración autonómica trabajará varios frentes a la vez. Uno será el Programa de Conservación y Mantenimiento de las zonas comunes que, con una inversión de casi 750.000 euros, se dirigirá a la mejora de saneamientos, red eléctrica, fontanería, pintura y reparación de ascensores, entre otros trabajos. El objetivo es que estas zonas, las más deterioradas de los bloques, porque —según las trabajadoras sociales— “de puertas para adentro”, salvo excepciones, “los pisos están en buenas condiciones”, recuperen la dignidad. Pero la rehabilitación, que debe durar 5 meses, no será a cambio de nada y tampoco de una vez. Los residentes tendrán que implicarse en el proceso. Reactivar las comunidades vecinales. Y, en función de los objetivos que alcancen, se irán “faseando” las obras, que comenzarán por el bloque A para “motivar”, precisamente, al resto de los vecinos a ser copartícipes de este proceso de normalización. “El quid de la cuestión está en el cumplimiento o no de las normas”, sintetiza María Ródenas. Trabajadora social, desde 2008, ha sido testigo de la evolución “a peor” que han experimentado los bloques y, aunque niega xenofobia, sí reconoce situaciones de “miedo” provocadas por esos grupúsculos que enturbian la convivencia vecinal.

Además de un 27,5% aproximado de okupaciones, la morosidad por el impago de alquileres que rondan los 45 euros roza el 62%. “Pegó un subidón en los últimos 4 años”, explica Valdivielso, que culpa a IU, responsable de su área en la inconclusa legislatura de coalición con el PSOE. “Cuando nosotros dejamos las 101 viviendas, había un nivel de pago del 85% y lo encontramos por debajo del 50%”, se queja, denunciando el “efecto llamada” que provocó la “filosofía de IU” de que no se echaría a nadie por no pagar. “En el parque público de viviendas, no se ha desahuciado a ninguna familia. Pero —razona— hay que arrinconar al que no paga porque no quiere y recurre a las amenazas para generar situaciones conflictivas”. Es el caso de las 101 viviendas y lo que la Delegación se ha propuesto atajar. Lamenta: “Por unos cuantos, se ha creado una leyenda que estigmatiza a la totalidad”. Con eso también quiere acabar la Delegación. Por eso, ha pedido la colaboración del Ayuntamiento, de la asociación de vecinos Expansión Norte, de “Passo” y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “Es posible la integración, pero es un problema de todos”, concluye Valdivielso.