Cinco testigos ratifican ante el juez su declaración preliminar

Dos días después de que se hiciera pública la investigación abierta al exalcalde José Enrique Fernández de Moya, por prevaricación, falsedad en documento mercantil, malversación, cohecho y tráfico de influencia, su sucesor y compañero en las filas del PP, Javier Márquez, ordena que el Ayuntamiento se persone con carácter de urgencia en el procedimiento. En una escueta nota, se explica que el actual regidor trasladó la petición a los servicios jurídicos y que los letrados ya están manos a la obra. La Administración local muestra su respeto por la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén, por supuestos sobrecostes en facturas abonadas a la empresa zamorana Matinsreg, al tiempo que reclama la “la máxima rapidez” en el desarrollo del proceso. Con la personación, se aclara, el objetivo es “defender el interés público”, con la confianza puesta “en que se diriman los antes posible las acciones judiciales con el fin de esclarecer estos hechos” y ello no sin recordar “el derecho de presunción de inocencia que otorga la Constitución Española”. Por el momento, más allá de esta nota, no hay reacción del máximo responsable municipal sobre lo ocurrido.

El anuncio de que el Ayuntamiento quiere ser una de las partes personadas para tener acceso al sumario por el juez, Antonio Valdivia Villa, llegó el mismo día en el que declararon los cinco testigos llamados a declarar por su señoría. El primero en pasar por las dependencias judiciales, en medio de una gran expectación, fue el secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Velasco Gámez. Su informe avala el modo de obrar de Fernández de Moya cuando, en 2012, a pesar de los reparos de la Intervención, contó con los servicios de Matinsreg. Ante el instructor, el fiscal jefe Carlos Rueda, y los abogados de los investigados y el PSOE, que denunció los hechos, el funcionario, al igual que los otros cuatro testigos de la jornada, se ratificó en su declaración ante la Guardia Civil, encargada de armar las diligencias previas. El interventor también confirmó lo que ya le explicó a los agentes de la Benemérita. A las nueve y media, el primero, y treinta minutos después el segundo, los dos empleados públicos fueron los primeros en declarar. Les siguió un trabajador municipal, que fue en la lista del PP de Cárcheles en las elecciones locales de 2011, Bartolomé García Orduña, y, a continuación, Miguel Mesa Molinos, que estuvo al frente de Imesapi, la empresa que, antes de Matinsreg, se encargaba del mantenimiento de las fuentes y otros servicios. Explicó que la firma dejó de trabajar para el Ayuntamiento, después de 30 años y con 35 empleados, por una deuda de 38 millones de euros. Raúl García Parras, que trabajó en Imesapi y, posteriormente, en Matinsreg. “Solo hacía el trabajo y no controlaba lo que se facturaba al Ayuntamiento”, dejó claro, a preguntas de los periodistas. Precisamente, el meollo de la causa judicial está en descubrir por qué, supuestamente a sabiendas, se pagó en exceso por el servicio. El próximo 5 de junio está prevista la declaración de Fernández de Moya, la concejal Rosa Cárdenas, el responsable de Matinsreg y un técnico de la Administración local.