Casi 60 detenidos por falsos contratos para cobrar el paro

La Policía Nacional ha detenido a 188 personas en trece provincias acusadas de delitos de falsedad documental y fraude a la Seguridad Social. Presuntamente, defraudaron casi seis millones de euros a través de un entramado de empresas ficticias que vendía contratos falsos con los que se puede acceder a diversas prestaciones como el subsidio de desempleo, y también permisos de residencia. En Jaén, se han practicado 57 arrestos, según confirma el Ministerio del Interior. La investigación comenzó en Barcelona, donde la Inspección de Trabajo detectó una empresa real, con vinculaciones a varias mercantiles repartidas por todo el territorio nacional. Según la Policía, este entramado simulaba contrataciones laborales y cobraba prestaciones y subsidios indebidamente. Se ofrecía para mediar y tramitar el permiso de residencia y regularizar la situación de ciudadanos extranjeros en España —se han detectado 162 casos—.

La primera fase de la operación se desarrolló en Barcelona, donde los agentes consiguieron incautarse de abundante documentación en la sede de la sociedad matriz. En ese momento, fueron detenidas 66 personas, entre las que se encontraban las tres consideradas como “cabecillas” del grupo. Los papeles intervenidos permitieron a los investigadores ampliar las pesquisas a más provincias y ampliar el número de arrestados: Sevilla (5), Cádiz (2), Granada (2), Palma de Mallorca (1), Gerona (1), Barcelona (1), Ciudad Real (24), Toledo (1), Valladolid (2), Badajoz (16), Cáceres (4), Murcia (2) y Alicante (4). Jaén es la segunda provincia con más arrestos en esta macroperación policial.

La investigación pone de manifiesto que el entramado de empresas desarticulado habría dado de alta fraudulentamente a 821 trabajadores, de los que casi 300 habrían cobrado prestaciones y subsidios de forma indebida, por un valor superior a los 3,5 millones de euros. Además, las supuestas contrataciones habrían servido de base para la tramitación de 162 permisos de residencia y la consiguiente regularización de la situación administrativa de otros tantos ciudadanos extranjeros en España. Si se suma las cuotas impagadas por las empresas a la Seguridad Social por los trabajadores contratados de forma ficticia, el fraude total asciende a casi seis millones de euros, según el cálculo efectuado por los investigadores.

La investigación, que está dirigida por un Juzgado de Barcelona, ha sido culminada en la provincia por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría. Los 57 arrestados en Jaén son trabajadores que, supuestamente, compraron contratos y fueron dados de alta para acceder a subsidios y papeles de residencia.