Agua para las viviendas del Puente de la Sierra “legales”

Lo ocurrido al comienzo del verano en el Puente de la Sierra no tiene que repetirse, los residentes en este barrio de la capital ya saben lo que hay que hacer para no sufrir una interrupción en el suministro. Eso sí, como se dice en román paladino, “tienen que mover papeles” para ello. Con toda la documentación en manos de la Administración local, el enganche a la red general es sencillo, en cuestión de una semana se puede firmar el decreto que da vía libre, como explica Juan José Jódar, al frente de Mantenimiento Urbano, Medio Ambiente, Centro Especial de Empleo, Escuela Taller y Zonas Productivas. Eso sí, es preciso aportar una documentación concreta, tal y como explicó este edil a estos ciudadanos, junto al presidente del barrio, “Puensi”, Francisco Ramírez. El quid de la cuestión es que los inmuebles se acogieran al proceso de regularización que fue posible tras el decreto de la Junta de 2012 que creó la figura de “asimilado a fuera de ordenamiento”, conocida por sus siglas AFO. Además de ello, tal y como precisó el edil, es indispensable que el Negociado de Estadística emita el certificado de que se trata de una vivienda habitual, es decir, estar empadronado allí, además de la escritura, un reportaje fotográfico del inmueble, la certificación del catastro y la nota simple del registro.

El responsable municipal considera que, al contar la mayoría de los propietarios con el AFO, el resto de los trámites será “mucho menos engorroso”. También tendrán que hacer frente a gastos, unos 200 fijos, para el enganche y el contador, más una cantidad variable que dependerá de la distancia a la que se encuentre la red de suministro de cada una de las parcelas. De esta forma, se aprovechará, como precisa el concejal Juan José Jódar, la red de suministro de Aqualia que llegó al Puente de la Sierra, como recuerda, ya hace años.

Ana Delgado, una de las residentes en el Puente de la Sierra, junto a otros familiares, confía en que, lo antes posible, se solucionen todos los trámites para evitar que, de nuevo, se quede sin agua. Y es que recuerda que el servicio, que actualmente presta un empresario, propietario del pozo, con el que llegó a un acuerdo del Ayuntamiento en 2005, está garantizado en general hasta septiembre. Detrás de la situación creada está el impago de la buena parte de los clientes de la red de la cuota de 90 euros, fijada anualmente, para los gastos de abastecimiento. Al no poder hacer frente a los gastos que generaba llevar agua a las viviendas, el empresario optó por cortar el grifo y, de esta forma, forzó el diálogo con el equipo de Gobierno que, como denunció, intentaba desde hace años.

Juan José Jódar destaca que tendrán que solucionar estos trámites unos 300 propietarios y destaca el entendimiento que cosechó el planteamiento del Ayuntamiento.