Admitido el recurso para el arreglo de Las Protegidas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de admitir el recurso que el Grupo 1060-José Antonio, de Las Protegidas, interpuso a principios de febrero contra la Consejería de Fomento y Vivienda del Ejecutivo andaluz para que ejecute la orden de ayudas que aprobó el 19 de febrero de 2009. Con esta admisión a trámite, la sala también reclama al departamento que conduce Felipe López que, “en el plazo de 20 días”, le remita el expediente administrativo por el que se dio luz verde a unas subvenciones de 6 millones de euros para cada una de las 4 manzanas que integran el barrio y que no llegaron a ejecutarse.

Este recurso coloca a la comunidad de propietarios en un nuevo frente judicial contra la Junta, aunque, esta vez, el objetivo es distinto al que la mantuvo a ella y al resto de las comunidades de tribunal en tribunal durante ocho años. Perdida la “guerra” por la descatalogación de las viviendas y con la Administración autonómica abogando por una rehabilitación a cuatro bandas, que implique al Gobierno, al Ayuntamiento y a los propios vecinos, estos han decidido asegurarse la rehabilitación comprometida sobre el papel por la vía judicial. Sobre todo, porque —sostienen— las casas no aguantan más.

Ubicadas en el corazón de la capital, la situación “preocupante” en la que los propietarios denuncian que se encuentran las viviendas se comprueba en toda su dimensión cuando se cruzan los umbrales de las puertas de cada bloque y se alcanza el patio. Como, en tantas ocasiones, han denunciado el presidente del Grupo 1060-José Antonio, Juan José de la Torre, y el administrador de la comunidad, José Luis Villagrán, los inmuebles sufren “patologías estructurales”. Hay humedades por capilaridad que están provocando movimientos en el suelo y asentamientos que están afectando a los muros de carga, a lo que hay que añadir el deterioro de las techumbres y el riesgo de derrumbes en los balcones.

Estas deficiencias quedan reflejadas en la Inspección Técnica de Edificios (ITE) que sirvió a la Gerencia de Urbanismo para ordenar, en octubre, medidas cautelares, como el desalojo de los pisos de la última planta del grupo y el vallado perimetral exterior e interior. Sin embargo, la comunidad aún no ha acatado ni lo uno, ni lo otro.