Absuelto el secretario del Ayuntamiento La Guardia

“No se deduce que el acusado tuviera conocimiento y voluntad de alterar el acta plenaria”. Con esa frase, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial resumía el argumento principal para absolver al secretario del Ayuntamiento de La Guardia. Ángel José C. R. fue acusado por la Fiscalía de un delito de falsedad documental por haber manipulado el acta de la sesión plenario. En concreto, introdujo una propuesta sin que siquiera se hubiera debatido. Algo que el funcionario público achacó “a una lamentable confusión”, motivada por el clima de crispación de los plenos y por la falta de medios materiales para desarrollar su trabajo. Ahora, la Audiencia le ha dado la razón: “No consta acreditada su intención de faltar a la verdad”, razona la sentencia de la Audiencia. Los magistrados se apoyan para sostener la absolución en los testimonios de los funcionarios del Ayuntamiento, que coincidieron en que el error del acta “no tuvo efectividad alguna”, es decir, careció de consecuencia: no se perjudicó ni benefició al Ayuntamiento o a terceros.

Los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2009, cuando los nueve ediles de la Corporación municipal celebraron un pleno. Uno de los asuntos del orden del día era debatir sobre la concesión de una licencia para una depuradora en la urbanización Altos del Puente Nuevo. Ese permiso había sido anulado y la promotora recurrió la decisión. En esa sesión, el pleno confirmó la nulidad de la licencia. Sin embargo, el secretario consignó en el acta un punto que, según reflejó, había sido propuesto por el alcalde y aprobado por los concejales: en concreto, era una suspensión de la nulidad de la licencia “por razones de interés general”.

Ángel José C. R. confesó en el juicio que incluyó ese punto por una confusión. Explicó que se dejó llevar por conversaciones anteriores en las que se había tratado esa propuesta y que recogió en el acta la propuesta sin ser consciente de que no se había debatido en el pleno: “Cobra virtualidad el argumento de la defensa”, sostiene el tribunal al respecto. Fue un año después del pleno cuando un concejal de Urbanizaciones Unidas de La Guardia, Luis Salazar, se percató de que el acta no correspondía con la realidad. El secretario hizo una rectificación, que se aprobó en la siguiente sesión, lo que no impidió ser denunciado. La Fiscalía pidió 4 años de cárcel por falsedad. Y la Audiencia lo ha absuelto “con todos los pronunciamientos favorables”.