A juicio cinco chatarreros por desguazar aparatos en un olivar

La Fiscalía ha presentado cargos contra cinco chatarreros, todos de nacionalidad rumana, acusados de un delito contra el medio ambiente. Presuntamente, desguazaban electrodomésticos y vehículos viejos en mitad de un olivar de la capital, con el evidente riesgo medioambiental que supone esta actividad. Y es que, según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, manipulaban residuos peligrosos como aceites de motor, baterías, circuitos de refrigeración o aparatos eléctricos que son potencialmente tóxicos, por lo que tienen la calificación de peligrosos según la normativa vigente. El fiscal asegura que desguazaban esos aparatos sin los preceptivos permisos y sin adoptar medida alguna de seguridad ni de control medioambiental, a las que están obligados los profesionales que manipulan este tipo de residuos contaminantes. Por ello, los acusa de un delito contra el medio ambiente y reclama para ellos un castigo que podría llevarlos a la cárcel en caso de ser condenados: dos años y medio de prisión. Además, les reclama una multa de 4.800 euros y que limpien y repongan a su estado original el terreno, que es propiedad de tres familiares.

Los hechos se remontan al 13 de septiembre de 2017. Los ahora acusados fueron sorprendidos por una patrulla de la Policía Autonómica junto a más personas. Estaban “trabajando”, es decir, desguazando chatarra para sacar los hierros y ganarse unos euros contantes y sonantes. Fueron denunciados por el delito contra el medio ambiente y, también, por la ocupación de una finca privada. Las diligencias fueron enviadas al Juzgado. La investigación posterior determinó que los procesados realizaban labores de recogida, transporte, almacenamiento, depósito y manipulación de residuos. Pero que lo hacían sin ningún tipo de autorización ni de control medioambiental. La Fiscalía Provincial acusa a cinco de los implicados, porque el resto está en paradero desconocido y la Justicia no ha podido localizarlos.

Las defensas de los procesados niegan los hechos y sostienen que esa actividad no genera riesgo para el medio ambiente ni peligro para las personas. Además, aclaran que, en todo caso, supondría una infracción administrativa, pero en ningún caso penal. De forma paralela, se sigue otro procedimiento judicial contra los acusados por un delito de usurpación del suelo en que realizaban sus tareas como chatarreros clandestinos.