La orden de arresto a Julian Assange todavía está en vigor

La Justicia británica rechazó un recurso presentado por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, para impugnar la orden de arresto que pesa sobre él desde 2012, por lo que aún se arriesga a ser detenido si abandona la Embajada de Ecuador en Londres.

Assange lleva recluido más de cinco años en la legación diplomática ecuatoriana, en la que entró para esquivar una extradición a Suecia, donde estaba siendo investigado por presuntos delitos sexuales. El fundador de Wikileaks argumentó que no existían garantías de que luego no fuese extraditado a Estados Unidos y juzgado por la filtración de decenas de miles de documentos secretos.

Pese a que el caso sueco quedó archivado, las autoridades británicas siguieron con la argumentación de que Assange violó en 2012 las condiciones de la libertad provisional dictada en Reino Unido y, por tanto, la orden de arresto contra él continua en vigor.

En un intento por romper el “impasse”, Assange recurrió a la Justicia británica para tratar de eliminar dicha orden. Sus abogados argumentaron ante el Tribunal de Westminster que dicha medida “había perdido su objetivo”, pero la juez Emma Arbuthnot no lo entendió así. En su resolución, Arbuthnot explicó que no está “convencida” de que se deba retirar la orden de arresto e instó a Assange a explicar por qué no se entregó en su día a las autoridades. El delito en el que pudo haber incurrido conlleva una condena penitenciaria de hasta un año de cárcel. “La juez ha fallado en contra del primer punto técnico”, matizó Assange en su cuenta oficial de Twitter, desde donde apuntó que ahora quedarían “otros puntos” por resolver. En este sentido, descartó que hubiese perdido la apelación de forma definitiva, como sí aseguraron los medios británicos —“la vista todavía sigue”—.

Poco después, la juez anunció que el 13 de febrero fallaría sobre una petición de los abogados de Assange para que las autoridades británicas archiven cualquier medida adoptada contra él por violar los criterios de la libertad condicional concedida en el año 2012. El anterior Ejecutivo ecuatoriano, presidido por Rafael Correa, concedió a Assange asilo político en 2012 pero Reino Unido, donde se encontraba en esos momentos, se negó a concederle un salvoconducto.