Los ministros quieren combatir las mafias del Mediterráneo

Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UE acordaron ayer establecer una misión militar naval para contribuir a desmantelar el modelo de negocio de las redes criminales que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo aunque dejaron claro que será necesario el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU o el consentimiento de las autoridades libias para poder actuar en sus aguas territoriales o para poder deshacerse o inutilizar las embarcaciones utilizadas por las mafias.

19 may 2015 / 14:28 H.

 

“Se acaba de tomar la decisión de establecer una misión naval de la UE para desmantelar el modelo de negocio de los contrabandistas y redes de traficantes en el Mediterráneo”, confirmó la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, a través de su cuenta de Twitter. En una primera fase, la misión, bautizada “Eunavfor Med” y que estará dirigida por el contraalmirante italiano, Enrico Credendino, “apoyaría la detección y supervisión de las redes de migrantes” a través de la recogida de información y patrullas en alta mar de acuerdo con el Derecho Internacional pero sin necesidad de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Tampoco la necesitaría para llevar a cabo “el abordaje, inspección, incautación y desvío en alta mar de embarcaciones sospechosas de ser utilizadas para el tráfico de personas y el contrabando” de acuerdo con el Derecho Internacional aunque sí se requeriría en el caso de que se hiciera en “aguas territoriales o aguas internas” del estado afectado, es decir Libia o bien contar con su “consentimiento”, de acuerdo con el documento para establecer la misión.
Destrucción de barcos. Aunque los veintiocho evitan expresamente hablar de la posible destrucción de las embarcaciones utilizadas por las mafias, contemplan en una tercera fase “tomar todas las medidas necesarias contra una embarcación o sus activos relacionados” incluido deshaciéndose de ellos o haciéndoles inoperativos “en el territorio de ese país” de acuerdo con las condiciones que se fijen en una resolución del Consejo de la ONU o con el consentimiento del país. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, defendió ayer que el peso de la tasa de paro de un país está infrarrepresentado en los criterios propuestos por la Comisión Europea para repartir el número de demandantes de asilo y también reclamó que se tenga en cuenta “el esfuerzo” de un país para controlar la inmigración ilegal. “Estamos absolutamente dispuestos a hacer el esfuerzo solidario que se nos pida, siempre lo hemos dicho. Pero ese esfuerzo solidario tiene que ser un esfuerzo proporcionado, justo y realista. Y en mi opinión los criterios que maneja la Comisión no lo son”, explicó el jefe de la diplomacia española en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de los ministros de Exteriores y de Defensa de la UE en la que se espera que aprueban el establecimiento de una misión naval contra las mafias en el Mediterráneo. La Comisión Europea propuso el pasado miércoles un sistema de cuotas obligatorio para distribuir a los demandantes de asilo entre todos los Estados miembro y descargar así a los países afectados en primera línea por la crisis migratoria en el Mediterráneo, como Italia, Grecia o Malta en base a los criterios del Producto Interior Bruto, el tamaño de la población, la tasa de paro y la medida de peticiones de asilo tramitadas y refugiados reubicados entre 2010-2014. Margallo explicó que los criterios de PIB y población pesan el 40% y la tasa de paro y el esfuerzo realizado anteriormente el 10% y dejó claro que “estos dos últimos criterios están muy infrarrepresentados, muy infra-ponderados” y “hay que darle otra vuelta” a los criterios “para fijar cuál es la capacidad real de un Estado”.