Gobierno y FARC sellan el acuerdo de paz en Colombia
Tras cuatro años de negociaciones, ponen fin a la mayor guerra occidental
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Echeverri Londoño, alias “Timochenko”, sellaron el acuerdo, cerrado en agosto, tras cuatro años de negociaciones, que pone fin a la guerra más longeva del hemisferio occidental, el primer paso para dar inicio a un proceso inédito hacia la conquista de la paz. Santos y “Timochenko” estamparon sus firmas en el texto pactado, durante una ceremonia solemne que se inició, a las 17.00 horas, en la ciudad colombiana de Cartagena. Este momento histórico quedó atestiguado por 15 jefes de Estado, la mayoría latinoamericanos; 27 ministros de Exteriores, incluido José Manuel García Margallo, que acompañó al rey emérito Juan Carlos I, y una decena de presidentes de organizaciones internacionales, entre los que destacan el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, y el de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Con este gesto, el Gobierno de Santos y las FARC dan el último paso para sellar un texto que se cerró el pasado 24 de agosto y que tendrá que ser refrendado el próximo domingo por los colombianos. Unas 2.500 personas, incluidos tres expresidentes —el español Felipe González, el uruguayo José Mújica y el mexicano Ernesto Zedillo— y el exjefe de la ONU Kofi Annan, llenaron el Patio de Banderas del Centro de Convenciones de Cartagena, todas ellas vestidas de blanco, por exigencias del protocolo, un color que tiñó cada uno de los hitos de este proceso de paz. Además, con esta firma, el Gobierno y las FARC blindan un acuerdo de paz de 297 páginas en las que se desgranan los seis acuerdos parciales que lo componen: desarrollo agrario y rural, participación política, cultivos ilícitos, víctimas, fin del conflicto y refrendación, implementación y verificación de lo pactado. El acuerdo sobre desarrollo agrario y rural contempla la creación de un Fondo de Tierras para lograr la “democratización” del campo colombiano, “en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades más afectadas por el conflicto”, según recoge el convenio firmado.