La trama 'Gürtel', la operación 'Pretoria', los casos 'Millet' o 'Palma Arena' o la corrupción en El Ejido, entre otras. La vida política española se vio salpicada de un sinfín de conspiraciones que ocuparon, en infinidad de ocasiones, las portadas de los principales rotativos, informativos y boletines radiofónicos el país. Así, los fantasmas de la corrupción de los años 80 y 90 volvieron a hacer acto de presencia en, prácticamente, todos los partidos políticos.
El año termina con 730 investigaciones abiertas por jueces y fiscales que afectan a 264 cargos del PSOE y 200 del PP. También salpica a Convergencia i Unión (CiU), Coalición Canaria y Partida Andalucista. Muy pocos se salvaron de la quema de la corrupción. Pero sin duda, los que más dio que hablar fue el caso “Gürtel”. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió, el 6 de febrero, la investigación a altos cargos del Partido Popular que le llevó a imputar al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por unos trajes que supuestamente le regaló la trama de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, más conocido como “El Bigotes”, a cambio de obtener la organización de eventos del partido.
Del caso “Gürtel”, con más de setenta imputados, todavía tienen que hablar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid —que mantiene imputados a varios ex alcaldes del PP en la Comunidad y a tres diputados de la Asamblea regional— y el Tribunal Supremo, que investiga los posibles delitos cometidos por el senador popular Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino.
Otra de las imágenes que nos deja el año 2009 es la entrada en la Audiencia Nacional —esposados y recogiendo sus efectos personales en bolsas de basura— de los imputados en la conocida como operación “Pretoria”, que descubrió una red de tráfico de influencias y control de proyectos urbanísticos que actuaba en el municipio catalán de Santa Coloma de Gramenet. Un caso que también investiga el juez Baltasar Garzón, que el pasado mes de octubre llevó a la cárcel, entre otros, a dos históricos de CiU, Maciá Alavedra y Lluis Prenafeta, que hoy ya están en libertad bajo fianza, y a Bartomeu Muñoz, uno de los alcaldes socialistas más representativos de Cataluña al sustituir a la ex alcaldesa Manuela de Madre, por supuestamente utilizar sus influencias para obtener beneficios de proyectos urbanísticos adjudicados de forma irregular.
El llamado caso “Millet” trajo un goteo de denuncias anónimas con detalles del desfalco y de cómo los imputados, Félix Millet y Jordi Montull, destinaban dinero del Palau de la Música de Cataluña a gastos personales de todo tipo.
La alarma social ante los numerosos casos de corrupción llevó al Gobierno a endurecer en la reforma del Código Penal, aprobada recientemente, el castigo de los delitos de corrupción, y al presidente del PP, Mariano Rajoy, a anunciar un refuerzo de su código ético para que sea “mucho más exigente” que lo que obliga la ley.
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