La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles ha comunicado hoy a este órgano su decisión de apartarse en la tramitación de la suspensión cautelar del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que había anunciado su intención de recusarla si no lo hacía.
Robles se ha abstenido durante la reunión de la Comisión Permanente, que ha acordado no tomar ninguna decisión sobre la suspensión de Garzón hasta que el pleno del CGPJ -que se reúne el próximo 24 de marzo- resuelva las recusaciones planteadas por el magistrado contra ella, contra el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, y contra la vocal Gemma Gallego. Garzón pidió el pasado viernes al órgano de gobierno de los jueces que no le suspenda de sus funciones mientras el Tribunal Supremo (TS) tramita varias querellas contra él, y que en la decisión se abstengan Robles, De Rosa y Gallego.
Como motivos, alegó "interés personal en el asunto" de De Rosa, al que atribuye "amistad íntima" con el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, "persona de la cual se dedujeron indicios de delito" en el "caso Gürtel", por lo que se inhibió a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
También que Gallego -que cuando ejercía como juez en Madrid instruyó el "caso del ácido bórico" contra varios mandos policiales que rechazaron un informe pericial que relacionaba a ETA con el 11/M- ha mostrado tener una "enemistad manifiesta contra él".
Además, acusó de enemistad a Robles, con la que coincidió en funciones públicas, ya que fue subsecretaria del Ministerio de Justicia entre 1993 y 1994 cuando él fue delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, puesto del que dimitió coincidiendo con el nombramiento de la vocal como secretaria de Estado de Interior. En un escrito dirigido a la Comisión Permanente, Robles niega "rotundamente" la "enemistad manifiesta" con Garzón que este alegó, pero admite que coincidió con él en el desempeño de funciones públicas y justifica su abstención para que no pueda ponerse en cuestión su objetividad.
Otras razones son que su intervención no pueda servir de pretexto para cuestionar las actuaciones judiciales "que se están tramitando con total independencia e imparcialidad" y que su participación "tampoco pueda ser utilizada para desviar la atención de las cuestiones jurídicas de fondo". Según explica, varios medios de comunicación de la época dijeron que Garzón aspiraba al cargo de secretario de Estado de Interior, lo que determinó que abandonara la política y volviera a la Audiencia Nacional. "Al igual que le ocurre a Garzón, cuando se refiere a mi supuesta enemistad hacia él, me cuesta dar crédito a semejantes consideraciones por más que no hayan sido desmentidas, y entiendo que no se corresponden con la realidad los comentarios de los medios respecto a que él hubiera pretendido ejercer la función pública que en mayo de 1994 yo pasé a desempeñar", añade.
No obstante, Robles cree que debe abstenerse por haber coincidido con el juez en el desempeño de funciones públicas, acogiéndose a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideró que Garzón "hubiera debido abstenerse -lo que no hizo- en la instrucción de la causa 17/1989 seguida contra personas con las que estuvo en contacto, en el contexto de su cargo en el Gobierno". Esa causa es la que se siguió contra, entre otros, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera por el secuestro de Segundo Marey. Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente -integrada además de por Robles, por el presidente del Consejo, Carlos Dívar, y por los vocales Almudena Lastra, Manuel Almenar y Antonio Dorado- ha acordado trasladar dicha petición a De Rosa y Gallego para que efectúen alegaciones en relación con su recusación, que será resuelta por el pleno.
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