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Nuria López Priego / Jaén
Huelma, Pegalajar, Torreperogil. Tres municipios y un triángulo geográfico marcado por el mismo tipo de violencia, la que se deriva de la propiedad de la tierra. En los dos últimos años, tres hombres han muerto, en la provincia, por conflictos de lindes. Su sangre alimenta la figura de esa “España profunda” que todavía dormita en el mundo rural. 

La mañana del 11 de agosto, el huelmense Manuel Galiano Galiano (64 años) salió temprano de casa. Acompañado de su hijo menor, puso rumbo a su olivar. Era parte de su rutina diaria. Desde hacía varios años, y en el pórtico de la jubilación, Manuel Galiano Galiano vivía entregado al terruño. A las tierras que había conseguido reunir a base de esfuerzo, de tesón y de casi toda una vida de arduo trabajo en Coosur. “Pagaba su sello del campo” y, así, con la “tranquilidad” y la “serenidad” que le recuerdan los vecinos, Manuel Galiano Galiano veía pasar los días contemplando sus olivas y la producción de un pequeño huerto en el que, entre otras cosas, sembraba tomates y pepinos.
Aquella mañana del 11 de agosto no debía ser diferente de cualquier otra de no importa qué mes. Sin embargo, ese día se escribió uno de los capítulos más “tristes” y “negros” de la historia de Huelma. Tras un duro enfrentamiento con un vecino de lindes, a quien llegó a agredir con una escardilla, Manuel Galiano Galiano huyó. Desapareció. “Parece que tuvo miedo”, comentan los pocos vecinos que se atreven a romper el silencio y decir algo.
Tres días después, especialistas del grupo de montaña de la Guardia Civil descubrían, en un barranco jalonado de pinos y quejigos cercano a su finca, el cuerpo sin vida de Manuel Galiano Galiano. Según todas las pruebas, se había suicidado. Su muerte y las circunstancias en las que se produjo —lamenta el concejal Luis Marín— “ha sido un golpe para Huelma”. “Nadie recuerda algo así”.
Lo ocurrido fue el trágico desenlace de un conflicto entre linderos que se remontaba dos años en el tiempo y que ni siquiera la Justicia había podido zanjar. Una disputa entre vecinos que evoca a los enfrentamientos característicos del Medievo, “donde existía —como indica María Julia Rodríguez Saif, en su ensayo “Evolución de nuestros conflictos vecinales desde una perspectiva jurídica”— un predominio de vastas propiedades de destino eminentemente agrícola” y la demarcación de los fundos era siempre objeto de trifulca, y que, lamentablemente, todavía hoy, en los albores del siglo XXI, siguen regando de sangre y de violencia el territorio peninsular. El crimen de Puerto Hurraco, esa matanza que perpetraron los hermanos Izquierdo la tórrida tarde del 26 de agosto de 1990, es el caso más conocido de los últimos veinte años en España, pero la historia provincial también está salpicada de titulares y de pugnas por la propiedad de la tierra que no sirven sino para alimentar la triste figura de la “España profunda”. Una España que dormita, fundamentalmente, en el mundo rural, “en sociedades tradicionales, donde el sentido de la vida está ligado a recursos como la tierra o el agua”. Según el profesor de Sociología de la Universidad de Jaén Felipe Morente, “mientras que, en el mundo urbano, existen múltiples formas de identificación —la gente además de trabajar, realiza múltiples actividades—, en el mundo rural, el elemento fundamental de realización de la persona es la tierra”. Como consecuencia, la propiedad del campo se convierte en algo “sagrado” que excede su valor puramente material o monetario. “Tiene un valor simbólico e identitario”, sentencia Morente. “En muchos casos, esa propiedad se ha transmitido de generación en generación y existen un sentimiento de pertenencia. Esto hace que, en un momento determinado, los conflictos terminen de forma violenta”, argumenta el también sociólogo Antonio Lozano.
En crimen acabó, por ejemplo, el enfrentamiento que mantenían, desde hacía varios años, el empresario y ex dirigente de la UCD en Jaén, Fernando Jurado, y Antonio Q. G. Ocurrió el pasado 4 de marzo. Veintiséis puñaladas en el cuerpo del empresario pusieron fin a la larga enemistad que existía entre los dos hombres por una cuestión de lindes en La Cerradura (Pegalajar). Antonio Q. G. reconoció los hechos ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén. Relató que, el día en que se produjo el aciago suceso, había estado bebiendo en varios bares del municipio y que alguien lo había “calentado” con el tema de las lindes. Cuentan en el pueblo que la víctima llamó a alguien que estaba en uno de los bares y así  se enteró Antonio Q. G. de que Jurado estaba cazando en su finca de La Sima. Un conflicto de años, plagado de amenazas y de denuncias mutuas, se dirimió en cuestión de segundos de forma sangrienta.
Desde el 8 de marzo, Antonio Q. G. se encuentra en el Centro Penitenciario de Jaén a la espera de que el juzgado concluya la instrucción de la causa y determine si lo ocurrido debe catalogarse de homicidio o de asesinato.
Quien sí fue acusado de asesinato y condenado a quince años y un día de prisión es Francisco R. R.. El 29 de mayo de 2008, este peroxileño mató a un hombre de 82 años por un problema de lindes. En el juicio, que se celebró el pasado 4 de mayo, el acusado declaró que llevaba muchos años de “sufrimientos” debido al carácter de la víctima, con la que tenía abierto un litigio penal. Supuestamente, el fallecido había movido mojones de su finca apropiándose de parte de su terreno. Francisco R. R. relató también que, como ese proceso judicial, se demoró “mucho” —cinco años, exactamente— cayó en una “depresión” y dijo tener la cabeza trastornada. El día que se produjeron los hechos, indicó que se dirigió a su víctima con todo ese sufrimiento “de años”. Con un hacha, la golpeó por detrás en la cabeza y —tal y como refleja el fallo de la Audiencia Provincial— “aprovechando la situación de desvalimiento” del hombre “y con la finalidad de causarle la muerte, le prendió fuego”. Francisco R. R. confesó la autoría del crimen desde el principio. Su condena y la sangre de su víctima “abonan”, hoy, unas tierras que ninguno de los dos puede ya cultivar.