Nuria López Priego / Jaén
Tomó posesión de las fincas, se “sacrificaron” 45.000 olivos entre Úbeda y Villanueva en aras de la A-32 y, cuatro meses después, Fomento anunció la paralización “sine die” de las obras. De repente, 3.000 agricultores de La Loma y Las Villas se vieron “sin producto y sin dinero”. Ahora, para exigir al Gobierno las indemnizaciones que les adeuda, se ha constituido una asociación de afectados.
La “impotencia” llenó, ayer por la tarde, el salón de actos de la cooperativa Santísimo Cristo de la Veracruz, de Villacarrillo. Bajo el techo de sus instalaciones se congregaron unos 200 olivareros de las comarcas de La Loma y Las Villas, desde Úbeda a Villanueva del Arzobispo. Forman parte de los aproximadamente 3.000 agricultores jiennenses que, según datos de la Unión de Pequeños Agricultores, se han quedado, de la noche a la mañana, y en tan sólo cuatro meses, “sin olivos y sin dinero” debido a la paralización “sine die” de las obras de la A-32. “La cuestión —explica el abogado Manuel María Carmona del Barco— es que la Administración tomó posesión de las fincas, se han cortado 45.000 olivos en una de las zonas de mayor y mejor producción de España y, ahora, se ha paralizado el expediente sin que estos agricultores sepan cuándo ni cuánto se les va a pagar”.
Manuel María Carmona del Barco es, junto con el letrado Rogelio Vargas Rodríguez, el representante legal de este nutrido grupo de olivareros, que, ayer, constituyó, en Villacarrillo, una asociación de afectados que aspira a englobar a la totalidad de damnificados por la decisión de Fomento y con la que pretenden “para defenderse de la actitud que mantiene la Administración”, apunta el abogado. Y es que, con la suspensión de la A-32 no sólo se paraliza el desarrollo viario, “cientos de millones de euros” quedan pendientes de resolución.
Como publicó este periódico a principios de agosto, a partir de datos facilitados por la UPA, hasta ahora, los agricultores apenas han cobrado entre veinte y treinta céntimos de euro por metro cuadrado de finca expropiada. Es lo que la Ley establece en concepto de “deposito previo e indemnización por rápida ocupación”, comenta Carmona del Barco. Detalla que este es el trámite de urgencia que emplea la Administración antes de poder ocupar una finca. Después, y tal y como establece la Ley de Expropiación Forzosa, el ente público “tiene la obligación de llamar al afectado para negociar una cantidad y decirle cuánto estima que se le pagará”. Sin embargo, esa negociación nunca llegó a producirse, los agricultores se enfrentan ahora a que no tienen acceso a sus fincas o a que “han perdido su modus vivendi” y, para más inri, “la orden” que tiene la Demarcación de Obras Públicas de Andalucía Oriental “es de que no se negocie nada”, afirma Carmona del Barco.
Ante esta situación, el objetivo que se ha marcado la recién nacida asociación de afectados por la paralización de las obras en la A-42 es impeler al Ministerio que gestiona José Blanco “que cumpla con la Ley de Expropiación Forzosa”. “Si no —advierte el jurista Vargas Rodríguez— viajaremos a Bruselas, para que [la Unión Europea] pregunte al Estado español dónde ha destinado los Fondos Feder que estaban implícitos en la partida presupuestaria aprobada para la Autovía Linares-Albacete. Porque —concluye—, si se saca a concurso una obra, ese gasto público aprobado debe estar destinado a ese fin.
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