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José Rodríguez Cámara / Jaén
El alcalde de Castillo de Locubín, José Justo Álvarez, asegura que, en cumplimiento de la ley, ordenó detener la construcción por la que ha sido imputado por un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación. Asegura que la Corporación tiene previsto declarar la zona urbanizable.

“Si tengo que ir a la cárcel por defender a mis vecinos, estoy dispuesto a hacerlo”. Así de tajante se muestra el alcalde de Castillo de Locubín, José Justo Álvarez, del PP, imputado por un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación. La Guardia Civil abrió diligencias al detectarse una construcción considerada ilegal y, además de contra el regidor,  se presentaron cargos contra un técnico del Ayuntamiento y el secretario municipal y su compañera sentimental, promotora de la obra. El máximo responsable municipal deja claro que, a principios de año, cuando comprobó que la edificación que se alzaba no era de tipo agrícola, para lo que se dio autorización, ordenó su paralización. Por eso, no entiende que esté acusado. 
Pero va más allá. El alcalde castillero, que gobierna un municipio de 4.732 vecinos, aunque no cuestiona que haya que cumplir la ley, sí se pregunta si las que ordenan el territorio son justas. “Con la legislación en la mano, no hay una casa legal en ningún sitio”, critica José Justo Álvarez. En el caso de la edificación por la que se ha abierto una investigación, deja claro que el inmueble se construye en unos terrenos que, aunque actualmente son rústicos, pasarán a ser urbanos en breve, sobre todo, porque están entre el casco urbano y el polígono y perfectamente integrados en el casco urbano. En un primer momento, aclara, se dio permiso para una nave de aperos, aunque el Gobierno local ya trabajaba, y continúa en ello, en la modificación de las normas subsidiarias que impedían que edificara una casa. El propósito era acelerar el proceso todo lo posible, al tratarse de una solicitud urgente de una vecina. De hecho, en el avance del Plan General de Ordenación Urbana, que ya está aprobado, el suelo ya no se considera como rústico.
La modificación del terreno no fue una decisión tomada por el Gobierno local en solitario, ya que contó con el respaldo de toda la Corporación. De esta forma, se pretende dar un marco legal a una realidad, la construcción de casas en zonas de crecimiento del municipio. Lo ocurrido en Castillo no es un hecho aislado. En Mengíbar, a raíz de una investigación similar, el equipo de Gobierno de este municipio denunció al Instituto Armado por abrir diligencias sobre un residencial, en 2008, cuando no se había intervenido previamente para paralizar las obras. El alcalde de Quesada, Manuel Vallejo, que también fue imputado por delito urbanístico, criticó que muchos ayuntamientos no tienen medios para impedir la construcción de viviendas en zonas rústicas. En el caso de Castillo de Locubín, el alcalde explica que, por el momento, a pesar de que fue imputado el pasado 3 de agosto, ni él ni los otros tres acusados han sido llamados a declarar por el instructor del caso. Es más, ni siquiera sabe si la denuncia ha sido admitida a trámite. En cuanto a la investigación sobre las casas “ilegales” en las vegas del río San Juan, explica que el proceso está paralizado, después de los acusados, entre ellos él y el ex alcalde, testificaran.