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José Rodríguez Cámara / Jaén
El alcalde de Castillo de Locubín  se enfrenta a su segunda imputación por un delito urbanístico, como ocurrió en 2008. Está acusado de autorizar una construcción que vulnera la ley del territorio. Junto con el regidor, se investiga a dos trabajadores municipales y una vecina del municipio.

José Justo Álvarez Tinaut, alcalde de Castillo de Locubín (PP), está imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio y por dictar una resolución municipal a sabiendas de su ilegalidad, lo que constituye un delito de prevaricación. Según pudo saber este periódico, la Guardia Civil presentó cargos contra este servidor público a principios del mes de agosto. Junto con el regidor, también están acusados un técnico municipal y el secretario del Ayuntamiento, promotor de la obra, que supuestamente vulnera la legislación urbanística, junto con una vecina del pueblo. Esta última castillera también está imputada. La Fiscalía de la Audiencia ya tiene constancia de estos hechos, por lo que hay abierta una investigación de la Justicia.
Las fuentes consultadas apuntan a que, en un principio, estas diligencias de la Benemérita, centradas en una única construcción, ya estarían cerradas. Por lo tanto, sólo resta que el instructor del caso continúe con su trabajo y determine si, finalmente, los cuatro acusados se tienen que sentar en el banquillo. En marzo de 2008, el máximo responsable municipal castillero ya fue imputado por no respetar la ley de ordenación del territorio. A raíz de esa investigación, también fueron acusados por la misma irregularidad el anterior alcalde, el socialista Antonio Cano Quintero, el secretario municipal y tres funcionarios técnicos de la Administración local, entre ellos dos aparejadores. Esta operación contra los construcciones ilegales, abierta por la Benémerita junto con otras en la provincia, de hecho, llamó la atención por el gran número de personas vinculadas a un gobierno local que estaban acusadas. Junto con ellos, se formularon cargos contra siete constructores y 41 vecinos del municipio. Estos castilleros son, en su mayoría, propietarios de viviendas en las vegas del río San Juan.
Esta zona de Castillo de Locubín, tradicionalmente, estuvo dedicada a la huerta. La investigación comenzó a raíz de las sospechas de que, en los primeros meses del mandato del PP en el municipio y en los últimos cuatro del PSOE, proliferaron chalés que se construyeron sin los correspondientes permisos. La Corporación aprobó, de forma unánime, en 2008, que el Plan General de Ordenación Urbana recogiera las viviendas “ilegales” para incluirlas en la norma.