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Después de ocho años y medio de singladura, el proyecto del edificio del Centro Comercial Abierto (CCA), que se vendió como el “buque insignia” del empresariado alcalaíno, hace aguas. Las discrepancias internas en la cooperativa que lo gestiona presagian marejada.

La situación financiera del edificio del CCA propicia que, en privado, parte de sus socios expresen su indignación con la gestión de la iniciativa. Las disensiones son un secreto a voces y algunos de los cada vez más escasos miembros de la cooperativa, incluso, han solicitado la baja ante el panorama. Según datos del Registro de la Propiedad, el inmueble tenía, a 3 de septiembre de 2009, notables cargas. Las primeras, hipotecas con CajaSur por valor de varios miles de euros. Las más cuantiosas son otras dos hipotecas a favor de Unión Andaluza de Avales (Avalunión), de 2003 y 2006, por unos importes, respectivamente, de 726.986,4 y de 355.620 euros.
El pasado mes de julio, Avalunión —compañía que apoya proyectos viables y tiene como socios protectores a la Junta, las diputaciones, colectivos empresariales y cajas de ahorros— instó a comerciantes                                             —algunos incluso dados de baja en la cooperativa— a “regularizar su situación de inmediato”, antes de recurrir a la vía judicial y pasarlos a listados de morosos, dado que el CCA no atendió sus requerimientos para pagar una deuda de 3.551,83 euros en concepto de pagos de Avalunión en Unicaja “del préstamo avalado”.
La misiva, unida a otra en la que el CCA exige a sus socios el pago de 20.000 euros, genera malestar en el seno de la cooperativa, máxime cuando los miembros de la cooperativa                    —que ya son pocos— dan cada mes una cuota de 238,74 euros para saldar un préstamo personal de 18.000 euros que cada uno firmó en 2007 con la Caja de Jaén para sostener las deudas hipotecarias. De acuerdo con las fuentes, la entidad se negó, en 2008, a ampliar la cantidad    otorgada, lo que obligó al CCA a pedir los citados 20.000 euros.
Los afectados están quemados y opinan que deben rodar cabezas. Critican que, pese a lo invertido, las subvenciones públicas y el paso de los años, la reforma del edificio no ha concluido. Como solución intuyen la opción de que alguna administración se haga con él. De hecho, la Diputación Provincial de Jaén abona un alquiler desde 2008 porque su servicio de recaudación ocupa una de las plantas.
Juan Rafael Hinojosa / Alcalá