Rafael Abolafia / Jaén
Antonio Q. G. lleva en la cárcel de Jaén desde el pasado 8 de marzo. Ese día, la Justicia dictaminó su ingreso en prisión preventiva después de confesar que había matado al empresario FernandoJurado en su finca de Pegalajar. Ahora, el abogado del presunto autor del crimen anuncia que pedirá su puesta en libertad provisional.
La petición se cursará la próxima semana ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén, que investiga la muerte del abogado y ex político Fernando Jurado, cuyo cadáver fue encontrado en un camino rural cercano a la finca de su propiedad “La Sima”, el pasado 6 de marzo. “Entendemos que mi cliente ha de quedar en libertad provisional en base a motivos de salud y a que no existe riesgo evidente de fuga”, explica el letrado murciano Manuel Maza de Ayala, que se hizo cargo de la defensa de Antonio Q. G. el pasado mes de mayo. El abogado también señala como argumentos la “colaboración” demostrada por el detenido con la Justicia y con la Guardia Civil para el esclarecimiento de los hechos. Del mismo modo, hace hincapié en que no se opondría, incluso, a la imposición de una fianza económica.
No obstante, la solicitud de la defensa del autor confeso del crimen tiene pocos visos de prosperar, según explican fuentes judiciales cercanas al caso. En este sentido, destacan “la alarma social” que se generaría con la puesta en libertad provisional de Antonio Q. G. De hecho, en los ambientes judiciales, se da por sentado que el único detenido por la muerte de Fernando Jurado permanecerá en el Centro Penitenciario de Jaén, al menos, hasta la celebración del juicio. “Si no prospera nuestra petición, sería conveniente que el proceso se acelerara lo máximo posible”, asegura Manuel Maza de Ayala.
El letrado de la defensa explica que la instrucción está “prácticamente concluida”. “Es verdad que ha ido muy rápido”, añade. La investigación de la Guardia Civil determinó que el crimen se produjo por una vieja disputa por las lindes. Antonio Q. G. y Fernando Jurado estaban enemistados desde hace tiempo. El fallecido había adquirido parte de la finca “La Sima”, en Pegalajar, a la esposa de su presunto asesino. Desde entonces, había tenido mil y un problemas. Por eso, desde que se halló el cadáver, fue el principal sospechoso. Antonio Q. G. negó los hechos en principio e, incluso, presentó a los investigadores una coartada. Los agentes se la desmontaron. Esa circunstancia, unida al hallazgo de sangre en sus zapatos, hizo que se derrumbara y acabara confesando el crimen.
En su declaración judicial, el detenido reconoció que mató con un machete de campo al abogado y ex político. No obstante, su relato fue impreciso y con lagunas, según confirman algunos de los que estuvieron presentes en el interrogatorio. Así, explicó que se acordaba de haber asestado tan sólo tres puñaladas a Fernando Jurado (el cadáver presentaba más de veinte heridas inciso-contusas).
Relató que el día de los hechos estuvo en varios bares de Pegalajar bebiendo y que alguien lo “calentó” con el espinoso asunto de las lindes. Así que, a las seis de la tarde de aquel 5 de marzo, subió al monte a buscar a Fernando Jurado. Según su versión, sólo quería hablar con él. Sin embargo, cuando se encontraron, entre ellos no hubo palabras amistosas. Antonio Q. G. dijo en su declaración que hubo una discusión gruesa y un posterior forcejeo. Fue ahí cuando, al parecer, se produjo el apuñalamiento.
Contó, igualmente, que después huyó. Alcanzó la A-44 y condujo en dirección a Granada durante muchos kilómetros. Quería llegar hasta Málaga. Sin embargo, se arrepintió a medio camino. Decidió deshacerse de las armas. Así que buscó un lugar apartado. Eligió un barranco en el río Genil. Allí arrojó su machete y la escopeta del fallecido, el arma con la que había salido a cazar perdices el día de su desaparición. LaGuardia Civil halló el machete, pero no la escopeta, en lo que supone el principal lunar de la investigación.
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