R. Abolafia / J. E. Lara (Jaén)
El máximo accionista del Real Jaén, Carlos Sánchez, su hija Tamara y un empleado del club han sido imputados por un delito de desórdenes públicos tras los graves incidentes registrados en el último pleno municipal, celebrado el pasado 30 de julio. Los tres prestarán declaración a finales de mes.
La sesión plenaria será recordada como una de las más bochornosas de la historia de la democracia en el Ayuntamiento de Jaén. Acabó en bronca monumental, con golpes incluidos, después de que los concejales del PP y de Izquierda Unida “tumbaran” con sus votos un polémico convenio urbanístico por el que se recalificarían 900.000 metros cuadrados de terreno, propiedad del empresario José María González de Caldas. A cambio, el Ayuntamiento recibiría seis millones de euros por los aprovechamientos urbanísticos. Además, la operación permitiría “salvar” al Real Jaén, obligado por entonces a pagar una deuda de 419.000 euros contraída con los futbolistas.
El convenio fue rechazado, lo que originó un grave enfrentamiento entre directivos y seguidores del Real Jaén y algunos miembros destacados de IU. La bronca fue brutal y los tres policías tuvieron que emplearse a fondo para sofocar la trifulca. El pleno tuvo que ser suspendido durante tres cuartos de hora e, incluso, los agentes retuvieron a uno de los participantes en la trifulca.
La Policía Local elaboró un informe con lo ocurrido en el Ayuntamiento aquella mañana del 30 de julio. El atestado fue remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén, que aquella semana estaba de guardia. Ahora, la magistrada Carmen Ballesteros ha imputado a Carlos Sánchez, a su hija Tamara y a un empleado del club, Vladimir S., como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos. Los tres están citados a declarar el próximo 30 de septiembre, según confirman fuentes judiciales cercanas al caso. De momento, el procedimiento judicial está en su fase inicial. Una vez que interrogue a los tres imputados, la juez deberá decidir si sigue adelante con la causa o si, por el contrario, la archiva al considerar que no se cometió infracción alguna. El delito de desórdenes públicos está castigado con penas que oscilan entre los tres y los seis meses de prisión en los casos más graves.
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