Colombia renueva, hoy, un Congreso desacreditado, ya que de sus 268 representantes un tercio ha sido investigado, encarcelado o condenado por vínculos con paramilitares, en unos comicios en los que las FARC llaman a la abstención y seis antiguos rehenes aspiran a un escaño.
Unos 29,8 millones de colombianos están llamados a las urnas para elegir, entre más de 2.500 candidatos, a los 268 miembros del Congreso Nacional, dando inicio a un maratón electoral que concluirá con las presidenciales, cuya primera vuelta se disputará en mayo y la segunda en junio.
Otros factores de distorsión del proceso son la narcopolítica, pues al menos 80 candidatos pudieron ser financiados con dinero de origen ilícito, y la parapolítica, por la que un buen número de congresistas elegidos en 2006 fueron vinculados a los paramilitares de las AUC, dijo la coordinadora del Observatorio de Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE), Claudia López, a Efe.
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se disolvieron ese mismo 2006 con el desarme de más de 31.000 activistas, en un proceso de paz liderado por el Gobierno, aunque después han surgido otras bandas paramilitares como las Águilas Negras que, en muchos casos, se han vinculado al narcotráfico. Y es que al menos noventa senadores y representantes a la Cámara, mayoritariamente de la coalición gubernamental, fueron o son investigados, procesados y sentenciados por nexos con las AUC, en causas seguidas por la Corte Suprema.
Algunas organizaciones consideran que dieciocho congresistas que aparecen en expedientes judiciales relacionados con la “parapolítica” pretenden ser reelegidos en el Congreso. Para evitarlo, el Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) marginó de los comicios parlamentarios a la Alianza Democrática Nacional (ADN), un partido de legisladores y ex legisladores que se dicen afines al presidente Uribe que fueron procesados o condenados por haber mantenido nexos con grupos paramilitares. Pero unos 30 legisladores que fueron investigados o condenados por vínculos con los ultraderechistas ahora “endosan” sus votos a familiares.
Otro actor que amenaza al proceso electoral son la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que está promoviendo la abstención y presiona a la población para que no concurra a las urnas hoy. Esto ha ocurrido especialmente en regiones selváticas del sur de Colombia, donde esa guerrilla tiene una fuerte presencia.
El Gobierno pretende que estos comicios sean los más seguros de los últimos veinticinco años, con 250.000 policías y militares desplegados desde el viernes y con otros grandes operativos de las fuerzas de seguridad, que han intervenido varias toneladas de explosivos atribuidos a las FARC.
Bajo este panorama, seis antiguos rehenes de las FARC que han sido liberados en los dos últimos años han decidido, también, concurrir a las urnas para intentar alcanzar desde un puesto en el Congreso la restauración de la paz, y además tienen opciones claras de ganar.
Los resultados que surjan de las elecciones legislativas de hoy comenzarán a despejar el incierto futuro político en al país colombiano, después de quedar descartada la candidatura del popular presidente Álvaro Uribe en las presidenciales de mayo.
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